¿Camino sin retorno?
"Ramirez renuncia a querellarse". "Sería un acto de magnanimidad que Liaño reconsiderara su decisión y permitiese a Polanco salir del país...". "Ortiz Úrculo sabe que no hay motivo alguno para castigar a Gordillo y Márquez. Ni para dictar su traslado forzoso, ni para sancionarlos. Muy al contrario: le consta que su labor no puede ser más meritoria. La cuestión es si tendrá el valor necesario para rechazar las presiones, externas e internas, y hacer justicia. En sus manos está".Todas estas frases están sacadas de las páginas de El Mundo de estos últimos días. La primera es el titular de una información sobre la decisión de Ramírez de no querellarse contra Felipe González, a pesar de que "asesores jurídicos del periódico" consideran que la querella prosperaría y podría acabar incluso, tras su admisión a trámite y la oportuna solicitud por el Tribunal Supremo del suplicatorio y su concesión por el Congreso de los Diputados, con una condena de privación de libertad del ex presidente del Gobierno.
La segunda pertenece a un suelto sin firma que lleva el título Poder viajar, publicado el sábado de la semana pasada. Y la tercera está incluida en un editorial publicado anteayer con el significativo título Van a por los fiscales díscolos.
Doy por supuesto que los lectores de EL PAÍS son lo suficientemente inteligentes como para no insultarlos con un comentario de estas frases. Hablan por sí solas.
Pero lo que sí exige un comentario es la operación política que está detrás de ellas. Un comentario que llame la atención sobre lo que está pasando y que lo haga antes de que empiece a ser demasiado tarde.
La opinión de este periódico no es solamente la opinión de un medio de comunicación como cualquier otro, sino que ha sido con frecuencia en el inmediato pasado la antesala de decisiones que después se han adoptado por diversos órganos constitucionales del Estado. El editorial de El Mundo del 30 de diciembre de 1996, tras el acuerdo de Antena 3, TV de Cataluña y Sogecable el 24 del mismo mes, encontró su traducción nada menos que en un decreto ley sobre la televisión digital. Las opiniones de este periódico sobre las retransmisiones de fútbol por televisión han sido objeto de un proyecto de ley orgánica, que se quiere tramitar además por el procedimiento de urgencia.
Los comentarios aparecidos en dicho periódico el 4 de abril en el sentido de que "Cebrián y Polanco se quieren largar" condujeron al juez Gómez de Liaño a dictar un auto limitando a Polanco anticonstitucionalmente el derecho reconocido en el artículo 19.2 de la Constitución. Y así sucesivamente.
¿Será el editorial sobre "los fiscales díscolos" un paso más en esa dirección? ¿Estamos ante una nueva operación de chantaje para imponer una determinada decisión a un órgano constitucional del Estado? ¿Se podrá decir después que no se ha ejercido presión alguna sobre el fiscal general del Estado? ¿Hay mayor chantaje que acusar al fiscal general de prevaricación si no actúa de la forma que el editorial indica?
No hay peor hipoteca para el Estado representativo que la pérdida de autonomía de sus órganos constitucionales, que la subordinación de los órganos del Estado por vías soterradas y espurias a intereses privados. Sean los que sean. Una vez que los órganos constitucionales del Estado se someten a ese chantaje, se entra, por la propia naturaleza de las cosas, en un camino de muy difícil, por no decir que imposible, retorno. Hay indicios muy serios de que en ese camino se está entrando, si es que no se ha entrado ya.
