Las ONG piden que la red de salud local asista a inmigrantes
El acceso de los inmigrantes irregulares al sistema público de salud sigue siendo el caballo de batalla de las organizaciónes no gubernamentales (ONG) que trabajan con extranjeros. Médicos del Mundo presentó ayer en el Parlamento regional una propuesta, secundada por otras veinte organizaciones como ASTI, CEAR, Comrade y SOS Racismo para que los centros integrales de salud (CIS) del Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios se encarguen de la atención médica primaria de los irregulares.Concha Colomo, responsable de Médicos del Mundo, asegura que ese servicio ya se viene prestando en 10 de los 13 CIS existentes (todos salvo los de Carabanchel, Chamberí y Vicálvaro). "Pero es siempre a base de la buena voluntad de sus sanitarios, y lo que queremos es que se haga de forma oficial", añade.
Médicos del Mundo indica que los mayores problemas se plantean al derivar a los inmigrantes irregulares a los hospitales. "Sólo el Gregorio Marañón y el Clínico los aceptan sin grandes problemas, el Doce de Octubre plantea inconvenientes incluso para admitir por urgencias a inmigrantes sin cobertura sanitaria, y en los otros hospitales depende del criterio del personal médico de turno", aseguran.
Por eso estas ONG reclaman a la Comunidad que destine fondos para firmar convenios con los hospitales de su red y con algún otro de forma que atiendan siempre a estas personas.
Lo que pretenden estas entidades es acabar con el actual sistema en el que las instituciones subvencionan a asociaciones como Karibú o Médicos del Mundo para que atiendan a irregulares. Consideran que esas redes paralelas meten en un gueto al inmigrante y salen más caras.
"Reclamamos la atención a los irregulares en los CIS y en hospitales regionales como un primer paso para integrarlos en la red pública hasta que el Insalud se transfiera a la Comunidad", concluye Colomo. En septiembre de 1996 la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad que los irregulares accedan igual que los madrileños a la sanidad, enseñanza y vivienda públicas.
