Mitterrand espiaba a sus enemigos políticos

París - 04 abr 1997 - 00:00CEST

Vu (visto). Esa mención manuscrita de François Mitterrand aparece en varios documentos de entre todos los incautados por la policía, el pasado 19 de febrero, correspondientes a los archivos del antiguo jefe de la célula antiterrorista del Elíseo (GIC), Christian Prouteau. Este vu prueba la implicación personal del antiguo presidente francés en varios casos de escuchas, seguimientos o amenazas por parte de un sistema de espionaje organizado, que no sólo se ocupaba de su seguridad, sino también de mantener ocultos ciertos aspectos de la vida privada del mandatario.

Finalizado el inventario de los cinco baúles militares confiscados por parte del juez instructor Jean-Paul Valat, las pruebas de los actos ilegales del famoso gabinete negro creado en los locales mismos de la Presidencia de la República en 1982 son incontestables. En algunos de los documentos Prouteau reclama "una cierta autonomía de funcionamiento respecto a algunos ministerios". Louis Schweitzer, entonces jefe de Gabinete del primer ministro Laurent Fabius, se oponía "sistemáticamente" a las demandas de autorización de escuchas. La perspectiva de una cohabitación -"entre 1986 y 1988 la derecha gobernó presidida por Mitterrand"- acelera e intensifica las demandas de Prouteau que, en 1993, hace constar en un texto dirigido al también primer ministro Pierre Bérégovoy, que "nunca ni yo ni mis hombres hemos realizado investigaciones que no nos hayan sido solicitadas".El escritor y polemista Jean Edern Hallier fue uno de los objetivos privilegiados de las escuchas del Elíseo cuando intentaba publicar un panfleto en el que revelaba la existencia de Mazarine, la hija natural de Mitterrand. Una nota firmada por Prouteau el 29 de febrero de 1984 corrobora estos descubrimientos. A solicitud del presidente, Prouteau facilita la lista de personas con las que se ha entrevistado el escritor, que tenía que ser uno de los "invitados sorpresa" de una emisión televisiva que precisamente fue suspendida gracias a la presión mitterrandiana.

El periodista Edwi Plenel, de Le Monde, que reveló que las pruebas que habían permitido la detención de unos supuestos terroristas del IRA (Ejército Republicano Irlandés) en Vincennes habían sido fabricadas por la propia policía francesa o que descubrió también el papel desempeñado por los servicios secretos franceses en la voladura de un navío de Greenpeace en Nueva Zelanda, también figura en la lista de personajes espiados por orden de Mitterrand. El abogado Jeacques Vergés, defensor de extremistas, es otra de las víctimas de la curiosidad del Elíseo, que estaba dispuesta a ir más allá de la mera escucha. Así, el 11 de febrero de 1983, Prouteau evoca al terrorista Carlos y considera que "una vez localizado, habría que hacer lo necesario para que no pueda seguir molestando", un eufemismo que se emplea para sugerir el asesinato.

Documentos robados

Los documentos fueron localizados en un garaje de la localidad de Plaisir, próxima a París. Ese mismo día los policías de la DST (Dirección de la Vigilancia del Territorio) habían solicitado del fiscal de Versalles la apertura de una información judicial por "robo de documentos clasificados". Una vez finalizado el mandato mitterrandiano, Christian Prouteau, que había sido nombrado prefecto y caballero de la Legión de Honor por el propio presidente, sacó todos esos documentos confidenciales y comprometedores del Palacio del Elíseo. En la actualidad son tres los jueces de instrucción que trabajan sobre el asunto.

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Entre 1986 y 1988 el GIC dirigido por Prouteau recurrió a los servicios de detectives privados, en concreto de dos antiguos gendarmes, para evitar el control de los servicios del entonces primer ministro, Jacques Chirac. En la actualidad hay 12 personas procesadas, entre ellas Pierre-Yves Guézou, comandante de las escuelas de gendarmería que se suicidó el 13 de diciembre de 1994.

Estos documentos ponen fin a una línea de resistencia, la dirigida por el Partido Socialista a instancias del propio Prouteau, que alegaba que se "pretendía que los documentos procedían de un servicio oficial" cuando, siempre según él, sólo se trataba de falsificaciones. Prouteau le pidió al antiguo primer ministro Pierre Bérégovoy que el Estado se querellase por "falsificación y utilización de documentos falsos" contra quien se sirviese de dichos papeles. Bérégovoy no siguió los consejos del militar pero sí declaró públicamente que "se intentaba falsificar la realidad" y también que lo importante era saber "por qué y por quién habían sido falsificados los documentos" que ahora se han revelado auténticos.