Úrculo no cree necesario que la Fiscalía Anticorrupción investigue el 'caso Zamora'
El fiscal general de] Estado, Juan Ortiz úrculo, no cree que este organismo deba intervenir ahora en el caso de la posible financiación irregular del PP en Zamora a través del cobro de comisiones a constructoras para conseguir obras de la Diputación Provincial en tiempos de Alianza Popular. Úculo tampoco ve necesidad de poner sobre el asunto a la Fiscalía Anticorrupción hasta "el momento en el que exista el más mínimo problema de falta de medios o apoyos técnicos". Mentras, en Zamora, la maraña de acusaciones y querellas se enreda.
Ortiz Úrculo aseguró ayer en Albacete que no debe ser él quien intervenga en este caso y ratificó que sólo debe actuar el fiscal de Zamora, como hasta ahora. El fiscal general mantuvo una entrevista con responsables de: la Fiscalía de Zamora y de la Fiscalía Anticorrupción y refrendó que es "más operativo" que las diligencias sigan investigándose desde Zamora.En Zamora, mientras, se complican las acusaciones. Ahora ha trascendido que el constructor César Martínez Omaña, uno de los tres empresarios que según la declaración de Eduardo Corrales al fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, hicieron entrega de dinero a José María Aznar para la campaña electoral para la presidencia de la Junta de Castilla y León en 1987, aparece condenado en al menos dos causas judiciales por delitos contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil.
El fiscal de Zamora investiga, a partir de las confesiones de Corrales y de la denuncia pública del presidente de la Diputación Provincial Antolín Martín, suspendido de militancia y pendiente de expulsión del PP, la presunta existencia de cobro de comisiones ilegales a constructores por la adjudicación de obras en ese organismo para financiar ese partido.
César Martínez Omaña, junto a los también constructores zamoranos Antonio San Gregorio y Miguel Vecino Cordero, tal como figura en la denuncia de Corrales ante el Ministerio Público, se reunieron en el hotel Meliá de Valladolid con José María Aznar entre abril y mayo de 1987 para entregarle un cheque de dos millones de pesetas, que aportó el primero, y otro (le un millón, que dio el seguno. Martínez Omaña fue nombrado posteriormente asesor de minería por José María Aznar cuando éste accedió a la presidencia de la Junta de Castilla y León en 1987.
Martínez Ornaña fue condenado en sentencia de junio de 1994, en apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora, a seis meses y un día de prisión y 23 millones de pesetas de multa por un delito de defraudación tributaria. En septiembre de 1995, la misma Audiencia condenó al constructor a un año de prisión y 500.000 pesetas de multa por un delito de falsedad en documento mercantil, así como a otros seis meses y un día de prisión, multa de 20 millones y una indemnización a Hacienda de 18,5 millones por un delito contra la hacienda pública.Por otra parte, el empresario Eduardo Corrales no sólo se ratifica diariamente en todas sus denuncias sino que ayer reconoció que, efectivamete, existe una fotografía en la que aparecen Aznar y, al menos, César Martínez Omaña, y que corresponde a la fecha en que se entregaron los citados cheques. Corrales señaló que tanto la existencia de la fotografía como la entrega del dinero a Aznar se la revelaron los interesados: "Hay que tener en cuenta que a veces el alcohol no es buen consejero y yo, por suerte, no bebo".Corrales se defendió de las acusaciones con las que han tratado de desacreditarle desde el PP sobre su pasado judicial afirmando que no tiene antecedentes penales y avanzando su intención de querellarse contra esos políticos. Corrales deberá enfrentarse ahora a nada menos que nueve posibles querellas: una del PP para defender el honor de Aznar; cuatro de otros tantos constructores a los que ha incluido en el pago de comisiones; y cuatro más que anuncian, a título individual, dirigentes populares aludidos en el caso Zamora.
