Los costes europeos de la batalla digital
Nada es gratuito. Los economistas hablan de "costes de oportunidad" cuando persiguen comparar el coste de una decisión con el de su alternativa y calibrar así la oportunidad de ambas. Optar por Pinto cuesta tanto; por Valdemoro, cuanto; dudar entre ambos también se paga.La literatura comunitaria adoptó hace tiempo ese enfoque económico para fundamentar las opciones políticas de Europa, porque permite comparaciones transparentes y rotundas. Así, antes de abordar el mercado único de 1992, el informe Cecchini sobre El coste de la no-Europa evaluaba en el 4,5% del PIB comunitario lo que se perdería si no se desamantelaban las últimas barreras internas. Y hoy se evalúa el impacto negativo que supondría un fracaso de la unión monetaria.
A pesar de las diferencias, también la llamada guerra digital doméstica está teniendo un coste. En este caso, para el Estado español, en términos de política europea y de imagen internacional. Su alcance es difícil de cuantificar en guarismos, porque el impacto es sobre todo diplomático y político a medio plazo. Pero es tangible en términos de crecimiento o erosión del capital de credibilidad acumulado, un instrumento imprescindible también para obtener apoyos en los momentos de las negociaciones más complejas.
La estrategia gubernativa en este litigio, además de arriesgar el retraso tecnológico-empresarial español en el mundo de las telecomunicaciones respecto de los vecinos más avanzados, ha producido al menos estos efectos en la Unión Europea (UE):
Pérdida de 'margen' legislativo. El decreto-ley de 1 de febrero pasado sobre televisión digital y descodificadores justificó su urgencia en "el retraso en que ha incurrido el Estado español en cuanto al cumplimiento de la directiva 95/47/CE" sobre normas para emisión de señales televisivas, lo que "hace urgente la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de su contenIdo", según reza el preámbulo.
Esa coartada impedirá cualquier margen temporal de España en la trasposición de directivas europeas a la legislación interna. A partir de ahora, la autoridad comunitaria urgirá al Gobierno español -sea cual sea su color- la inmediatez en la trasposición. En caso de resistencia, le urgirá a que se autoaplique la misma receta que en este caso, el decreto-ley, y evite retrasos. Desaparece así para España un colchón temporal, nada ortodoxo desde la perspectiva de la construcción europea, pero que casi todos los Estados miembros utilizan en mayor o menor medida para amortiguar el impacto dé ciertas normas.
Además, Bruselas, a través del comisario de Industria, Martin Bangemann, ha tenido que poner al proceso legislativo español bajo expresa vigilancia comunitaria, lo que no prestigia a España.
Perjuicio a la televisión, pública. La apelación al populismo como argumento para justificar la necesidad del fútbol en abierto ha confundido el lógico libre acceso ciudadano a los acontecimientos deportivos de gran trascendencia con su gratuidad. El libre acceso no equivale a acceso gratis, pues el ciudadano lo financia mediante una u otra fórmula: bien mediante el presupuesto o la deuda garantizada por el Estado (en el caso de la televisión pública en España) o por un canon mensual (Bélgica y otros muchos países europeos).
El carácter "político" de esta batalla fue lamentado públicamente la pasada semana por el comisario de la Competencia, Karel Van Miert, quien aprovechó la ocasión para denunciar el eventual dumping publicitario de TVE y para acelerar su investigación -solicitada tiempo atrás por Tele 5- sobre la legalidad de las ayudas de Estado al ente público. Así, éste puede acabar pagando los excesos de la estrategia gubernativa.
Trabas al objetivo de Maastricht. Apoyado en un consenso general, el Gobierno español se ha fijado el logro de un espacio judicial común como principal objetivo a conseguir en la Conferencia Intergubernamental que tiene encomendada la reforma del Tratado de Maastricht. Un espacio en el que los jueces nacionales apliquen criterios homologados.
La obligación de solicitar permiso para viajar fuera de España impuesta al presidente, al consejero delegado y al secretario general de Sogecable [accionista mayoritario de Canal Satélite Digital] constituye una autozancadilla al objetivo de la política exterior española de conseguir que las fronteras judiciales no estén ya en el Pirineo, sino que sean sólo las que separan a la UE del resto del mundo.
"Este miniescándalo que ocurre muy a propósito para frenar el avance de Canal Satélite Digital respecto de su competencia proclive al Gobierno ¿no es de hecho una nueva peripecia de la guerra digital que arrasa España desde la Navidad?", se preguntaba Le Monde el 4 de marzo. Y al día siguiente se respondía: "Con el recurso a la Audiencia Nacional, José María Aznar, jefe del Gobierno español, ha llegado al límite de su credibilidad'. Es la constatación del periódico parisiense, pero también un termómetro de la lectura europea del conflicto.
Impacto sobre la credibilidad de la política económica. Existe bastante acuerdo, interno y europeo, sobre el hecho de que el principal activo del Gobierno Aznar son sus logros en materia de política económica, al compás de los esfuerzos de consolidación presupuestaria. Su carta de presentación se ha beneficiado hasta ahora de las expectativas generadas hacia una mayor liberalización de la economía emprendida por Rodrigo Rato.
Ahora, esta imagen corre el peligro de que el intervencionismo en las telecomunicaciones la arruine o la erosione severamente. Es un peligro sobre el que ya han alertado la biblia económica europea, The Economist; el diario belga Le Soir (al tachar al Gobierno de "juez y parte"), el propio Le Monde y, sobre todo, The Wall Street Journal, que observa un retorno desde el liberalismo a "las proclividades corporativistas de la vieja derecha española".
Más allá de la pasión doméstica que genera la batalla digital, quizá llegó la hora de que Gobierno y ciudadanía calculen sus costes de oportunidad, no sólo para una compañía u otra, sino para el conjunto de la empresa llamada España.
