Conde declara que pagó 600 millones a Navalón "encantado de conseguir las exenciones fiscales"

El ex presidente de Banesto Mario Conde declaró ayer que pagó 600 millones a su asesor Antonio Navalón por diversas gestiones, entre las que figuraba la obtención de las exenciones fiscales para crear la Corporación Banesto en 1990. Conde pagó el dinero a Argentia Trust, domiciliada en Saint Vincent (Antillas), "encantado de haber conseguido las exenciones fiscales", tras reuniones con el dirigente socialista José María Benegas y el entonces presidente de Gobierno, Felipe González, aunque, dijo, "no le consta que se pagase al PSOE". Su defensor, Mariano Gómez de Liaño, anunció que planteará nulidades e indefensiones en la instrucción. "Las diligencias [del juez Moreiras] no son un modelo de corrección procesal", dijo.

La primera hora del juicio fue dedicada al juez Miguel Moreiras, instructor del llamado caso Argentia Trust, y a quien Conde y sus abogados Mariano Gómez de Liaño y Jesús Santaella, que hizo acto de presencia en la sala, siempre prefirieron para instruir el caso Banesto, que quedó, en manos del juez Manuel García-Castellón. La instrucción de Moreiras fue acribillada. "Se ve en los juicios orales por qué los presuntos delincuentes preferían a Moreiras. Se salta la competencia, no comunica los autos, viola las normas más elementales de defensa. Claro, así se consiguen nulidades e inhibiciones a la hora de juzgar", dijo un abogado a éste periódico.Fue lo que planteó Javier Sáenz de Pipaon, del despacho de Horacio Oliva, defensor de Fernando Garro, acusado de apropiación indebida y falsedad en el pago de dos facturas presuntamente falsas por valor de un total de 44,8 millones de pesetas. Sáenz de Pipaon alegó indefensión, falta de competencia de la Audiencia Nacional y ausencia de conexión con el pago de 600 millones a Argentia Trust. Por ello, propuso la nulidad de lo actuado, así como que el asunto de las facturas autorizadas por Garro en 1991, en cuyo montaje participó Lorenzo Pericats, sean investigadas por un juzgado de plaza de Castilla.

Mariano Gómez de Liaño apoyó la petición y anunció que las mismas razones eran válidas para el caso Argentia Trust, pero advirtió que para evitar dilaciones en el juicio su cliente, esto es Mario Conde, prefería que se celebrase inmediatamente. Gómez de Liaño adelantó que en su escrito de conclusiones planteará las nulidades, indefensiones e incompetencia de la Audiencia Nacional en el caso.

Conde coge la toga

A las doce menos veinte de la mañana, al término de las cuestiones previas, el abogado Mariano Gómez de Liaño dijo:

-"Con la venia de Su Señoría, si por su condición de letrado, en virtud del artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía, se autoriza al señor Conde la posibilidad de sentarse en los estrados de los abogados...

El presidente del Tribunal, Siro García, preguntó si Conde asumiría su propia defensa o colaboraría con ella y si estaba colegiado. Gómez de Liaño aclaró que colaboraría con la defensa y que estaba colegiado. García pidió que trajeran una toga. Conde tardó unos minutos en ponérsela. Lucía un tostado caribe, camisa color vainilla, cuello bebé, y estaba enfundado en un terno gris oscuro. La toga evocaba otra época, aquel 9 de junio de 1993, cuando Conde fue investido en el paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid doctor honoris causa en el acto presidido por rey Juan Carlos. Faltaba el clásico birrete.

El tribunal, integrado por García y los magistrados Ventura Pérez Mariño, ponente del caso, y Angela Murillo Bordallo, se retiró a deliberar sobre la competencia en los asuntos de Garro y Pericats. Conde se quedó solo con las cámaras de televisión. Iba de un lado a otro de la sala. Fumaba sin cesar.

Los magistrados acordaron su inhibición, aunque no la nulidad de las actuaciones, en el caso de las facturas pagadas con autorización de Garro a la empresa fantasma Publitax. Y como Gómez de Liaño no planteó la nulidad y la incompetencia, el tribunal ordenó comenzar el juicio.

El fiscal Gordillo tomó declaración a Conde. El ex banquero explicó que había contratado a Antonio Navalón en su primera etapa de Banesto, cuando proyectaba fusionarse con el Banco Central. "Renové el contrato para que me asesorara en la Corporación Industrial, la obtención de las exenciones fiscales y la colocación de paquetes en manos privadas", dijo. El fiscal preguntó por el contrato. "Fue un contrato verbal", dijo Conde. A medida que Gordillo profundizó, Conde fue más agresivo: "Señor fiscal yo digo la verdad", lo que motivó una de las ácidas intervenciones de Siro García:

-"Señor Conde está usted aquí como acusado, por tanto no está obligado a decir la verdad".

-"Muchas gracias, señor presidente", dijo Conde.

En síntesis, Conde declaró que las exenciones fiscales solicitadas en 1989 estaban bloqueadas por el ministro Carlos Solchaga. Por ello, necesitaba un asesor para explicar la situación en "círculos financieros y políticos". Navalón desempeñó ese papel. "Necesitaba llegar al presidente del Gobierno, Felipe González", explicó Conde. "Navalón, José María Benegas y yo nos reunimos dos veces para darle vueltas. Y conseguí la entrevista con Felipe González y, después, las exenciones".

Luego vino el pago. "Pacté con Navalón un pago de 1.200 millones, por las exenciones y por la colocación de acciones de la Corporación. La cifra se quedó en 600 millones porque faltaba la colocación", dijo Conde. "Cuando se constituyó la Corporación, Navalón me exigió el pago. Le dije que se esperase, que el trabajo no estaba totalmente terminado. Me dijo que tenía compromisos asumidos. Le dije que le pagaría una parte, 600 millones". Después de explicar que se ordenó el pago a Argentia Trust tras hablar con Navalón, el ex banquero varió: "Yo no conocía el nombre de la sociedad. Le dije a Navalón que se arreglase con el consejero delegado Juan Belloso para el pago. Yo le dije a Belloso que pagase".

Conde dijo que pagó los 600 millones a Navalón "encantado de conseguir las exenciones fiscales". Hoy continúa.