Inquisiciones
Hace unos cuantos días leí una noticia que, para mi sorpresa, ha pasado desapercibida para los sabuesos del comentario político, mordaz o no. Algunos Integrantes de un cuerpo legislativo se oponían, o manifestaban su disgusto por el nombramiento, no sé si posible o ya realizado, de un rector para una universidad nueva; ni recuerdo. el nombre de la persona; recuerdo muy bien, sin embargo, la razón de la oposición: el rector ya nombrado o in pectore era conservador y ultraliberal. Se trataba de una universidad nueva, en la que por fuerza ha de ser designado por la autoridad política; no cabe la elección, por tanto.Pase la incongruencia de llamar conservador a un ultraliberal que, de serlo, puede dar lugar a la destrucción de numerosas situaciones consolidadas al amparo de leyes y normas. Pero lo que parecía irritar a los oponentes era el carácter "ultraliberal"; no se trataba, por tanto, de un ultra como se entiende habitualmente, es decir, como los asesinos de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, sino de un liberal comulgante con el orden constitucional, y pacífico, sólo que, al parecer, de ideología liberal acentuada.
No voy a hacer aquí la defensa de tal ideología, ni de la contraria, ni de las intermedias. Pero me sorprende que en el debate político se olvida con demasiada frecuencia que este venturoso paraíso constitucional en que vivimos desde hace casi veinte años, un artículo 14 de esa ley dice que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
También parece olvidarse que la función a desarrollar exige unas condiciones de idoneidad del sujeto, que razonablemente deberán ser tenidas en cuenta (y, por supuesto, todas las requeridas, en su caso, por la ley), y parece razonable que las mismas sean apreciadas y discutidas por quienes quieran o tengan que opinar, y aun minuciosamente.
A esta tendencia a ciscarse por razones ideológicas en el artículo 14 de la Constitución y concordantes le podemos llamar espíritu inquisitorial; que aparece ya, cuando no da lugar a una objeción públicamente expresada como en el caso de la noticia, en la reticente e intencionada descripción de los datos "objetivos" (cuando lo son) del sujeto, que sugiere una desconfianza o implícito deseo de rechazo, como si se afirmara de un sujeto que es judío, negro, inmigrado, homosexual y femenino; ya el celo en poner las cosas en su sitio puede ser expresión de recelos que podemos llamar poco constitucionales.
Cuando oigo o leo que a alguien se le llama ultraliberal, o liberal, con Fines descalificadores, recuerdo otra época en que mucha gente utilizaba con criterio denigratorio de alguien el calificativo de comunista, y también, por cierto, el de liberal, y se me abren las carnes, qué quieren ustedes; la ideología como descalificación para un puesto, qué horror.
Pero éste no es un caso aislado: hace años, pero dentro de la era constitucional, un candidato a profesor emérito fue descalificado por razones estrictamente ideológicas por partes sustanciosas del claustro de una universidad; la objeción ideológica como insulto está bastante extendida, y a veces no se distingue de la delimitación razonable de posiciones en el debate político, filosófico, o doctrinal. Más aún, el principio de discriminación ideológica lleva, en la práctica, y en numerosas ocasiones (no en el ejemplo que motiva este comentario), a propugnar la solución policial-judicial para el malpensante, una puesta al día de aquella inefable entrega al brazo secular para dar cabal término a la reparación de la conciencia descarriada. Porque, con frecuencia, esta sociedad civil exhibe componentes que no se limitan a combatir y discrepar por sus medios legítimos, en uso de su libertad, sino que pronto pretenden trasladar su deseo a guardias uniformados o sin uniformar, gente de toga y otros que, legalmente, nos liberen de los incordios ideológicos encarnados en ciudadanos de carne y hueso. La discriminación por razones de ideología está bien arraigada en gran parte de nuestra sociedad, y parece natural llevarla a la práctica cuando se trata de tomar decisiones públicas; lo que no casa con ese detalle de la Constitución.
