Canal Satélite denuncia en el juzgado de guardia al director de Telecomunicaciones

Jaume Ferrús, director general de Canal Satélite Digital, presentó anoche una denuncia en el juzgado de guardia de Madrid contra el director general de Telecomunicaciones, Valentín Sanz, "por dictar una resolución arbitraria" que supone "una inspección generalizada sobre su red de distribución [comercial], revelando un propósito puramente intimidatorio y coactivo". Ayer, primer día hábil posterior a la entrada en vigor del decreto-ley sobre televisión digital, el Gobierno lanzó una inspección sobre centros comerciales que distribuyen Canal Satélite.

, En esa inspección se exigen documentos que han de ser concedidos por un órgano, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, constituida ayer mismo y que, por lo tanto, no ha podido celebrar siquiera su primera reunión.La denuncia se produjo horas después de que dos funcionarios de la Jefatura Provincial de Inspección de Madrid -de dicha dirección general- se personaran en un centro comercial de Alcobendas (Madrid), con un modelo preimpreso de un acta en el que se solicitaba al responsable del departamento comercial el acceso a la tienda para comprobar si tenía el descodificador que está usando Canal Satélite Digital y si poseían o no el "certificado de aceptación" dispuesto en el decreto-ley del sábado 1 de febrero, que entró en vigor ese día.

Los inspectores pidieron también el modelo de contrato con el usuario y, según consta en el acta -que se reproduce en esta misma página-, comunicaron que "el hecho de carecer los equipos y aparatos del certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas pudiera ser considerado como infracción".

A media tarde, el propio ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, de viaje por Galicia, reconoció estar al tanto de esa inspección y se limitó a comentar que era normal.

Sin embargo, Canal Satélite Digital considera que la medida "se trata de una acción coercitiva a su red comercial y una clara resolución arbitraria", ya que el propio decreto-ley da el plazo de un mes, desde su entrada en vigor, para que los operadores incorporen lo previsto en el mismo. También señala que "existe una imposibilidad cronológica y material" de obtener el certificado que ayer mismo fue exigido.

Un mes de plazo

En efecto, el decreto-ley no sólo concede un mes de plazo a los operadores de servicios y difusores para cumplir las disposiciones del mismo, sino que les ordena que se inscriban "en el registro que, para ello, se crea en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones".

Canal Satélite señala que el "certificado de aceptación" mencionado ha de provenir de los datos existentes en un registro que, hoy por hoy, es un hecho futuro. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que ha de abrir ese registro quedó constituida ayer, sin. que haya podido celebrar reunión alguna. Todo lo cual conduce a la imposibilidad de haber cumplido con tanta rapidez los requisitos de adaptación establecidos en el decreto-ley.

"Se trata, pues, de amedrentar a los centros comerciales para forzarles a actuar en franca contradicción con el inequívoco tenor literal de una norma bajo el burdo expediente de amenazarles con sanciones derivadas, nada menos, de la inobservancia de requisitos inviables", afirma la empresa denunciante.

Canal Satélite ha denunciado judicialmente al director general de Telecomunicaciones, por si los hechos constituyen un delito del artículo 404 del Código Penal, que castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por tiempo de siete a diez años, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".