Costa ataca al PSOE por los fallos de gestión en Hacienda, pero no demuestra el amiguismo

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, llevó ayer al Congreso los datos sobre los expedientes que, a su juicio, han prescrito y que van a suponer que hacienda deje de ingresar más de 202.000 millones de pesetas. Sin embargo, Costa no pudo aportar pruebas de que el anterior Gobierno socialista hubiera favorecido "a sus amigos" con una amnistía fiscal. En esta apreciación coincidieron la mayoría de los diputados que ayer intervinieron en la Comisión de Economía. Tras un duro debate, sobre todo con el representante socialista, Juan Manuel Eguiagaray, todos los grupos políticos decidieron que una comisión de investigación aclare si los expedientes han prescrito y si ello ha sido por negligencia del anterior Gobierno.Juan Costa presentó ante el Congreso un informe de 58 páginas con el que intentó demostrar su principal argumento: que los expedientes han prescrito y que el Gobierno anterior lo sabía y no tomó a tiempo las medidas necesarias para evitarlo (véase información de página siguiente). Comparó las actas de inspección con un "talón nominativo" y dijo que "lo diligente es cobrarlo y no guardarlo en un cajón".

Pero los grupos políticos querían sobre todo que se despejara el asunto que ha comnocionado la vida política estos días: si el anterior Gobierno favoreció "a sus amigos" con una "amnistía fiscal" y si el actual Ejecutivo es capaz de aportar pruebas. Costa lo eludió y el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, se limitó a afirmar que "el dinero no se cobró porque no hubo voluntad política". Martínez Pujalte echó mano de los casos Roldán, Rubio, Renfe y fondos reservados para explicar que lo de ahora es un episodio más.

Eguiagaray utilizó artillería pesada en una defensa del anterior Gobierno que convirtió en acusación hacia el actual. Se mostró algo condescendiente con Costa, a quien, según Eguiagaray, "le han mandado aquí a jugar un papelón, a dar la cara por el señor Aznar y el señor Rato que no han tenido la dignidad y el valor de venir hoy".Eguiagaray acusó a éstos de "haber mentido sin pruebas y por tanto deben rectificar". Costa le contestó que si tenía pruebas de ello fuera a los tribunales.

Eguiagaray, que comparó la actuación del Gobierno con la época de la inquisición, acusó a Costa de "ser el mejor aliado de los defraudadores" al declarar prescritos los 200.000 millones cuando aún no se ha producido una segunda sentencia del Supremo que siente jurisprudencia. En contra de lo afirmado por Costa, Eguiagaray dijo que se tomaron medidas a tiempo y que se actuó en todo momento según lo establecido en el reglamento de la inspección.

Joan Saura, de IU-IC, pidió rotundamente a Costa que "rectifique" si no puede demostrar la acusación de "amiguismo". El diputado de IU-IC dijo que el Gobierno, en especial su presidente, se había equivocado "de forma muy grave" en la manera de plantear el asunto y añadió que "su actitud no ha sido la de solucionar un problema, sino la de utilizar el asunto para erosionar a otro partido".

Fue IU-IC la que presentó ayer, junto al Grupo Mixto, la propuesta de una comisión de investigación, a la que se sumaron todos los grupos, porque de lo expuesto por Costa se desprende que "la Administración tributaría es un caos", según Saura. La diputada del Grupo Mixto, Begoña Lasagabaster (EA), pidió que "rectifique, si no tiene pruebas, por higiene mental" y exigió conocer el contenido de los expedientes, como Saura y Eguiagaray.

El diputado de CiU, Francesc Homs, aseguró que "a la luz de lo expuesto no se desprenden pruebas de actuaciones dolosas, prevaricación o favoritismo" por parte del anterior Gobierno. Homs criticó que este conflicto "ha devuelto la crispación al debate político, debilitando la confianza de los ciudadanos en la seguridad jurídica y la moral de los inspectores". El diputado del PNV Jon Zabalía dijo que "hay que aclarar las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales".