Tajo asimétrico

LA RENUNCIA de Siro García Pérez, presidente, de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, profundiza la ya grave crisis de ese órgano jurisdiccional. Por lo que se sabe de sus palabras ante el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, que ayer visitó la Audiencia, Siro García se va por considerar intolerables las críticas institucionales que están recibiendo los magistrados que la componen. Esa dimisión se produce tan sólo un día después de conocerse las duras medidas adoptadas por el fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, contra el fiscal jefe y otros cuatro fiscales de la Audiencia. Y otro juez' Gómez de Liaño, ha insinuado que se acogerá a una excedencia en cuanto acabe de instruir algunos de los casos que tiene entre manos, especialmente el doble asesinato de Lasa y Zabala. Si el problema era una nimiedad, ha dejado de serlo.Es evidente que el fiscal general ha pretendido hacer un gesto de autoridad. La situación de la fiscalía de la Audiencia Nacional, convertida en escenario de batallas particulares con repercusiones públicas, era sin duda alarmante. La respuesta ha sido expedientar a cuatro fiscales a los que una reciente inspección considera responsables de ciertas negligencias o irregularidades y, a la vez, proponer el traslado inmediato del fiscal jefe que había denunciado tales irregularidades- por haber sido incapaz de evitarlas (y de impedir la supuesta desobediencia de sus subordinados). Ambas medidas se ajustan a las previsiones contenidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y no puede decirse que carezcan de oportunidad a la vista del rápido deterioro de la situación. Pero si la denuncia de esos comportamientos se realizó hace ya tiempo y sólo1a Fiscalía General podía poner remedio, habrá que preguntarse por qué tardó tanto en intervenir y qué parte de culpa traslada ahora a Aranda.

Es difícil conocer las intrincadas relaciones internas entre miembros del Ministerio Fiscal, pero ya en el verano de 1995, el fiscal jefe, José Aranda, había denunciado públicamente la existencia en la Audiencia de un grupo de presión que pretendía actuar al margen de los principios de "unidad de actuación y dependencia jerárquica" que marca la Constitución. Es difícil creer que esa denuncia pública no fuera precedida por otras planteadas al fiscal general por conducto reglamentario. Lo que se ha conocido desde entonces ha venido a confirmar lo que Aranda denunció hace más de un año sin que ello motivara -q ue se sepa- ninguna actuación del anterior fiscal general, Carlos Granados. Si la inspección ordenada por Ortiz Úrculo ha culminado en cuatro expedientes y un traslado forzoso, quiere decir cuando menos que se ha perdido un año.

La duda reside, por tanto, en saber si al meter en el mismo paquete el traslado de Aranda y los expedientes a los otros fiscales no se está cometiendo una injusticia con el fiscal jefe; si no se está trasladando a éste una responsabilidad que era principalmente de la Fiscalía General, que es quien debe ordenar la inspección y obrar en consecuencia. Por lo demás, la salida de Aranda de la Audiencia es inmediata, sin otro trámite que ser oído, mientras que los otros cuatro fiscales seguirán hasta tanto no se resuelvan los expedientes contradictorios que se abren. De momento, pues, el tajo supuestamente salomónico resulta ligeramente asimétrico.