El Congreso uruguayo da por cerrado el 'caso Focoex'
Tal como se esperaba, y tras una sesión plenaria de casi 17 horas y ásperos debates, la Cámara de Diputados de Uruguay concluyó sus investigaciones sobre los contratos firmados por el anterior Gobierno nacional y la empresa pública española Focoex (Fomento de Comercio Exterior), aprobando una resolución donde no se advierte delito en la preparación o desarrollo de los contratos y sí "irregularidades administrativas". El Parlamento archiva el caso, pero el izquierdista Frente Amplio, cuyo portavoz en la comisión investigadora, Leonardo Nicolini, se encuentra sometido a juicio político por presentar documentación falsa, decidió continuar las denuncias por la vía penal.
ENVIADO ESPECIALLas actuaciones del caso obraban ya en poder de la justicia al haberlas requerido recientemente el magistrado Washington Balliva en un exhorto protestado como improcedente en las Cámaras.Del seguimiento de los debates, con decenas de intervenciones y de la lectura de los informes, se deduce que las irregularidades denunciadas en la resolución -decisiones sin el suficiente asesoramiento técnico o la fiscalización de instancias competentes, compras sin destino claro o pagos de horas extras a funcionarios-, son imputables a la parte uruguaya. La Cámara exculpa a las empresas españolas de esas irregularidades. Todo lo que se envió a este país fue solicitado antes, subrayaron los portavoces de Focoex. Los doctores Jaime Luksenburg y Leopoldo Murninkas, cuyo informe sus tentó buena parte de las críticas del contrato sanitario, manifestaron recientemente que "pudieron haberse conseguido mejores precios pero los aparatos funcionan, sirve todo".
Nueva legislación
De todas -maneras, los diputados coincidieron ayer en la in conveniencia de aceptar préstamos como los concedidos por España en virtud del Tratado de Cooperación y Amistad de julio de 1992 firmado con Uruguay ya que establece condiciones ventajosas siempre que se adquieran equipos españoles o comercializados por empresas españolas en un 85% del total contratado como mínimo. En ese sentido, el Parlamento uruguayo se propone legislar de manera que "cuando no exista un sistema competitivo de precios y los créditos estén atados, se busque instaurar mecanismos previos a la operación o, en su defecto, se restrinja lo máximo posible la participación del sector público a la operación de fondos".Quedó de manifiesto en la sesión plenaria que por inexperiencia, intereses partidistas, cambio de Gobierno durante la ejecución del contrato u otras causas, las autoridades nacionales no administraron lo eficazmente que hubiera sido deseable los 200 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesetas) del crédito español desembolsado para la compra de equipos hospitalarios y escolares. Lo reconocía el presidente de la comisión investigadora, Julio Aguiar, al admitir que el país no está capacitado para absorber un préstamo de estas características y cuantía. La Cámara archivó el Caso Focoex con el voto de los 57 diputados de los partidos mayoritarios, Colorado y Blanco, coaligados en el Gobierno.
Los contratos sujetos a investigación fueron suscritos en 1992 por el Ejecutivo del Partirdo Blanco. La versión taquigráfica de los debates será trasladada a la justicia por decisión de los 91 parlamentarios asistentes a la sesión que comenzó a las 15.00 horas del lunes y terminó a las 6.45 de ayer después de un desalojo de 20 minutos a las 22.00 horas por amenaza de bomba.
Aguiar, del Partido Colorado, expuso el informe de mayoría que se centró en el contrato con el Ministerio de Salud. Destacó como principal irregularidad la detectada en el Centro Médico Deportivo de Rocha que se incluye en el paquete de Focoex sin aparecer en el proyecto original. La construcción del establecimiento, según lo expuesto, estaba prevista en las conversaciones del anterior Gobierno con funcionarios de Madrid, pero al no prosperar fue incorporada de forma irregular en el préstamo. El dinero empleado en la edificación, con piscina, campo de baloncesto "al mejor estilo de la NBA" y sala de musculación, obligó a reducir una partida destinada a la instalación de aparatos médicos de diagnóstico por imagen.
Actuaciones señaladas como irregularidades son la marginación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante la preparación y ejecución de los contratos con Focoex, o la toma de decisiones por un ministro sin consultar a instancias oficiales tenidas como competentes y de obligada referencia. El contrato de construcción de los hospitales de Canelones y Las Piedras, presupuestado en 22 millones de dólares y adjudicado la empresa española Huarte, también es citado críticamente por estimar el Tribunal de Cuentas de Uruguay que el Ministerio de Salud no lo sometió previamente a su consideración. Antes de pagarse las obras civiles debió actuar la Auditoría. El cobro de 90.000 dólares como honorarios suplementarios por dos funcionarias de la Comisión Asesora Técnica de Equipamiento, dependiente de Salud, también se sumó al capítulo de irregularidades y varios diputados denunciaron que el dinero recibido por el comisionista de Focoex, Walter Estellano no ha pagado impuestos en Uruguay.
