Vídeos en la calle

LA VIOLENCIA que practican en las calles de Euskadi los simpatizantes de ETA causa ingentes daños a bienes públicos y privados y, lo que es más grave, impide a la mayoría de los ciudadanos vascos ejercer derechos básicos, entre ellos el de reunión y manifestación. La impunidad de los violentos y el incumplimiento de la legalidad generan un sentimiento de impotencia en los demócratas y minan el Estado de derecho. Estas circunstancias exigen medidas, específicas para asegurar el respeto a la ley y castigar a quienes la violan. Las autoridades deben disponer de instrumentos jurídicos y policiales que faciliten estos fines. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero del Gobierno vasco José María Atutxa presentaron ayer un borrador de ley orgánica que pretende combatir este tipo de violencia mediante el uso de cámaras de vídeo móviles y fijas en las calles. Se trata de una propuesta comprensible, pero que despierta algunas dudas que habrá que despejar durante el debate parlamentario.Porque el uso de tales cámaras con carácter aleatorio plantea sin duda zonas de fricción con determinados derechos individuales, particularmente el de la intimidad. De ahí que sus promotores hayan optado por darle rango de ley orgánica y someterlo también previamente a dictamen del Consejo del Poder Judicial porque tiene que ver con la tutela judicial. Desde algunos sectores se ha manejado ya. la eventual inconstitucionalidad de la medida. Justamente el preceptivo informe previo del Consejo de Estado y la tramitación parlamentaria deberían servir para extremar las garantías individuales, de manera que no plantee problemas de encaje en la Carta Magna. Pero al mismo- tiempo debe servir para el fin que persigue: proteger a los ciudadanos vascos que hoy ven sensiblemente disminuidos sus derechos civiles por la amenaza y la violencia de unos vándalos.

El Gobierno tiene intención de debatir la ley, ya consensuada con el ' PNV, también con otros partidos, sin que por ahora se vislumbren grandes dificultades para alcanzar un cierto consenso político. De hecho, la policía utiliza ya videocámaras móviles para grabar actos callejeros violentos y sus cintas han sido aceptadas como pruebas por algunos jueces. Regular su uso mediante una ley es, por tanto, no sólo razonable, sino deseable desde una posición garantista. Y lo es también la necesidad de buscar fórmulas de disuasión para aquellos que han convertido ciertas consignas políticas en móvil de sistemáticas algarabías delincuentes y destructivas en ciertas zonas urbanas de Euskadi.

Que se exijan requisitos más estricto s para la instalación y uso de cámaras fijas que para las móviles responde a criterios de sensatez. El Gobierno es también consciente de los peligros de abuso y por eso se ha adelantado con un extenso capítulo de cautelas que habrá que estudiar detenidamente y reforzar si es preciso. En un primer análisis cabe plantear algunas dudas en lo que respecta a la custodia de las cintas. La obligación de remitirlas al juez en 24 horas si se constata la existencia de un delito no se corresponde con el plazo máximo de dos meses que se otorga para la destrucción de aquellas que no tengan interés policial. ¿Qué ocurre durante ese tiempo? La tecnología permite fácilmente sacar copias de las cintas, y los precedentes en este país de secretos e investigaciones a particulares mal controlados y utilizados en beneficio de funcionarios sin escrúpulos no tranquilizan precisamente. El régimen sancionador en caso de incumplimiento de estas disposiciones resulta también claramente insuficiente. Claro que el borrado de las cintas que se graban en la actualidad no está sometido a ninguna regulación.

Pero las mayores dudas surgen respecto a la eficacia de unas medidas que rozan la excepcionalidad. El uso actual de cámaras móviles por la policía ha hecho que los violentos se protejan con capuchas. El propio Atutxa reconoció ayer que esta ley no resuelve este problema, que requerirá medidas complementarias. Sabiéndose controlados en una calle, la violencia puede desplazarse a otros lugares, en un fenómeno que suele ser habitual en la venta de droga o en la prostitución.

Pero más allá del problema vasco, paulatinamente este tipo de vigilancia con videocámaras, facilitada por los avances de una tecnología más asequible, va en aumento en el sector privado y en el público, desde el interior de los bancos a los centros comerciales y, ahora, a la vía pública. La vigilancia a la que se ven sometidos los ciudadanos en sus actividades normales va en aumento. Una tendencia que la violencia y particularmente el terrorismo no hacen sino acentuar, pero que en cualquier caso resulta preocupante.