Los vigilantes

EL CONSEJO del Ente Radio Televisión Española (RTVE) se renovará hoy mediante votación plenaria en el Parlamento, después de un acuerdo político alcanzado con sorprendente facilidad. De nuevo los partidos han cocinado esta renovación y de nuevo han perdido la oportunidad de revisar en profundidad el modelo de televisión pública para España. Televisión Española es un poderoso instrumento en manos del Gobierno de turno. Por ello mismo, los ciudadanos agradecerían su neutralización política, al estilo de la BBC británica. Pero no lo hicieron los socialistas cuando estaban en el Gobierno y no parece que el PP esté dispuesto a hacerlo ahora que dispone de este instrumento.

Por Mucho que se disfrace, éste es un Consejo político. Sus integrantes están en él en representación de los partidos y realizan funciones de control político, que parecen más propias de los miembros del Parlamento y que poco tienen que ver con las (le un consejero de una sociedad anónima. Desde luego, no comparten ninguna responsabilidad sobre la gestión de un ente que cuesta al erario público más de 120.000 millones de pesetas al año.

No obstante, parece abrirse paso entre los responsables actuales del ente la idea de que en la Europa de Maastricht y del rigor presupuestario no se puede mantener una televisión pública nacional que incurra en pérdidas tan cuantiosas. RTVE tendrá que someterse a una intensa cura de adelgazamiento y realismo en sus objetivos. Sus ingresos publicitarios han disminuido, y seguirán haciéndolo ante la fragmentación de la audiencia derivada de la aparición de las cadenas privadas y, dentro de poco, de la oferta de cable. Ahora bien, la idea de que RTVE deje de tener ingresos publicitarios merece una reflexión más profunda que el solo objetivo de salvar a algunas cadenas privadas mal planteadas y mal gestionadas.

Entre las ideas novedosas que se han barajado está, de nuevo, la introducción de un canon sobre la televisión o sobre los televisores para nutrir el presupuesto de RTVE. Desmentidos al margen, una vez más estaríamos ante un parche -con indudable poder recaudatorio- para conseguir nuevas fuentes de financiación por medio de tasas especiales para actividades públicas. No ante una reflexión seria sobre el desarrollo de un modelo sensato de televisión pública. Un capítulo en el que entran también los canales autonómicos, por mucho que el Gobierno anuncie el envío a las Cortes de una ley que permita su privatización.

Por encima de las peripecias del Consejo de Administración de RTVE, el Parlamento tendrá que abordar en serio alguna vez si este país quiere tener una televisión. pública. Si la respuesta es afirmativa -y en ello parecen coincidir todos los partidos-, qué tipo de televisión y a qué coste. El, modelo actual, que genera un déficit anual superior a los 200.000 millones entre las dos cadenas estatales y las autonómicas, resulta a todas luces insufrible ante un horizonte presupuestario en el que todo el mundo está llamado a apretarse el cinturón. Bien está que se renueve el Consejo, pero no es lo más importante para el buen funcionamiento de la televisión pública.