Interior admite que los policías drogaron a los 103 inmigrantes y abre una investigación
Los policías que custodiaban a parte de los inmigrantes expulsados de Melilla a finales del mes pasado fueron los que decidieron drogarles con un fuerte sedante para calmarles, después de que causaran un grave incidente en Dakar (Senegal), según fuentes de Interior. Éstas aseguran que el departamento no dio la orden de adormecer a los extranjeros. El director de la Policía, Juan Cotino, ha ordenado la apertura de una investigación para aclarar los hechos, mientras que el Defensor del Pueblo ha requerido al ministro Jaime Mayor Oreja un "informe urgente" sobre el asunto. La Unión Federal de Policía, afirma que "la deportación de los inmigrantes fue pagada con fondos reservados".
El Ministerio del Interior calificó el pasado jueves de "rotundamente falso" que parte de los 103 inmigrantes expulsados fueran drogados con Haloperidol disuelto en el agua que se les sirvió en el vuelo hacia Camerún, como había informado el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Sin embargo, fuentes del departamento de Jaime Mayor Oreja admitieron ayer como probables los hechos, aunque sin conocimiento de las autoridades.Según estas fuentes, la decisión de echar Haloperidol en el agua fue adoptada por los agentes o los dos inspectores que escoltaban al grupo, que finalmente fue desembarcado en Camerún. En el avión militar, que fue uno de los cinco empleados en la operación, no viajaba ningún delegado de Interior, lo que le permite asegurar que es imposible que este departamento autorizara la mezcla del fármaco con el agua.
Frente a esta versión, el SUP aseguró que tres de los funcionarios se ofrecieron a demostrar que el agua no estaba "envenenada", como sostenían los inmigrantes, y cayeron narcotizados. Este hecho parece demostrar que al menos esos tres policías ignoraban que el agua contenía sedante.
Aclaraciones
Cotino ordenó ayer una investigación sobre la distribución del tranquilizante y anunció que tomará "las decisiones oportunas" cuando concluya.Femando Álvarez de Miranda, defensor del Pueblo, ha solicitado una aclaración "urgente" a Interior sobre estos hechos y sobre el estado de Juan Enrique del Moral Segovia, un agente aquejado de paludismo desde que viajó a África. Moral, movilizado sin que se le administrase quinina como medida de precaución, está hospitalizado en Granada en estado muy grave.
Un sargento primero apellidado Belaza, que formó parte de la tripulación de uno de los aviones utilizados, se halla en un hospital de Zaragoza con un cuadro febril que hace sospechar que está afectado de paludismo, informa Javier Torrontegui. Fuentes castrenses han informado que otro militar también sufre trastornos.
IU ha presentado en el Congreso una solicitud para que Mayor Oreja comparezca urgentemente y dé explicaciones sobre la expulsión de los 103 inmigrantes de Melilla. UGT y la Junta de Andalucía se han sumado a la petición de aclaraciones.
Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, declaró al término del Consejo de Ministros que el Gobierno "no ha hecho nada especial que no se viniera haciendo antes". Lo único excepcional, añadió, fue el número de expulsados.
Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales, replicó a Rodríguez diciendo que en la etapa socialista no se produjo ningún caso en que se narcotizase a los extranjeros. Joaquín Almunia, portavoz del Grupo Socialista, declaró: "El PP ha devuelto a los inmigrantes en aviones militares y los socialistas les trasladábamos en aviones civiles. Además, el PP les narcotiza y nosotros les dábamos bien de comer", informa Anabel Díez.
El SUP, a través de su responsable en Málaga, Manuel María Beaín, ha asegurado que un asesor de Interior viajó en reactor privado. hasta uno de los países africanos que puso problemas para acoger a contingentes de subsaharianos y allí negoció "con dinero de por medio" el envío de estos inmigrantes, informa José Manuel Atencia. El SUP sospecha que se pagó a las autoridades en tomo a 200 dólares por cada inmigrante.
El mismo sindicato afirma que el asesor de Interior debió pagar las habitaciones de los policías, que tuvieron que permanecer seis días en Camerún, ya que "no llevaban ni dinero ni alimentos debido a las prisas" con que se les movilizó.
Según Federico López Ferrer, portavoz de la Unión Federal de Policía, en la operación se utilizó dinero de los fondos reservados. Con ello, según López Ferrer se convenció a los Gobiernos, de varios países africanos para que aceptaran la entrada de los inmigrantes en su territorio, incluso en el que caso de que no fueran naturales de los mismos.
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