Clinton pospone seis meses los aspectos más conflictivos de la "ley Helms-Burton"
Sensible a la fuerte presión de sus principales aliados internacionales, el presidente Bill Clinton decidió ayer posponer por seis meses la aplicación de los apartados más duros de la ley Helms-Burton sobre el embargo económico a Cuba. Fue una decisión salomónica muy al estilo de Clinton, una fórmula de compromiso que no deja satisfecho a nadie y que comporta ciertos riesgos electorales: la polémica ley entra en vigor en su totalidad, se retrasa hasta el 11 de febrero la posibilidad efectiva de presentar ante los tribunales estadounidenses demandas contra empresas extranjeras que negocien con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro. Según el senador Jesse Helms, promotor de la ley, Clinton ha capitulado ante Castro.
Lo que ha hecho Clinton ha sido, básicamente, ganar tiempo. Para el 1 de febrero, habrán pasado ya las elecciones presidenciales norteamericanas, que se celebran en noviembre, y el presidente se sentirá entonces más libre para actuar sin condicionantes políticos domésticos. Mientras tanto, la Casa Blanca da la razón a la conservadora comunidad cubano-norteamericana, ratificando la totalidad de la ley Helms-Burton, y da la razón a los enemigos de esa legislación, suspendiendo temporalmente sus aspectos más controvertidosTraducido a los hechos, el presidente ha aceptado formalmente el polémico Título III de la ley, que es el que autoriza a la presentación de demandas contra compañías extranjeras en Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, aunque la ley esté teóncamente en vigor, esas demandas sólo podrán ser presentadas ante los tribunales en un plazo de seis meses.
Durante ese, plazo, según comunicó ayer Clinton en un mensaje por escrito, Estados Unidos intentará ganar el apoyo de la comunidad internacional para una serie de medidas dirigidas a conseguir la democracia en Cuba. "Al final de ese periodo", añadió el presidente, "decidiré si poner fin a esta suspensión totalmente o en parte, basado en la reacción que han tenido otros a nuestras medidas para promover la democracia en Cuba".
La ley Helms-Burton, que lleva el nombre de sus respectivos patrocinadores ante las dos cámaras del Congreso norteamericano, fue firmada por Bill Clinton el pasado mes de marzo como represalia por el derribo de dos avionetas norteamericanas por cazas cubanos.
Desde ese momento, se levantó una ola de protesta de parte de los países que mayores inversiones tienen actualmente en Cuba, especialmente. Canadá, México y la Unión Europea. Cada uno amenazó con sanciones similares, a las que EE UU tomase contra los inversores extranjeros en Cuba.
Una cascada de procesos
Uno de los principales motivos de preocupación ha sido el Título III de la ley. De acuerdo al texto de ese apartado, cualquier cubano que hubiera salido de su país después de la revolución castrista y que hubiesa adoptado luego la nacionalidad norteamericana podrían querellarse en EE UU contra las empresas que hubieran hecho negocios con las casas, tierras o propiedades que fueron suyas décadas atrás. Se veía venir, como consecuencia, una verdadera cascada de procesos judiciales en Estados Unidos.Eso es, precisamente, lo que ha evitado Clinton con su decisión de ayer: la presentación efectiva de las demandas tendrá que esperar hasta el 1 de febrero de 1997. Antes de ese límite, el presidente norteamericano deberá decidir de nuevo si mantiene o suspende el Título III. La ley Helms-Burton da a la Casa Blanca autoridad para cancelar ese apartado por periodos prorrogables de seis meses cuando considere que los intereses nacionales de EE UU se ven perjudicados. Se mantiene vigente y efectivo el apartado de la ley que prevé la retirada de visados norteamericanos para inversores extranjeros en Cuba y para sus familiares,así como otros aspectos polémicos de esa legislación.
Eso, probablemente, no será suficiente para satisfacer las ambiciones de los sectores más radicales del Congreso y del exilio cubano en EE UU. "Se trata de una capitulación", dijo en un comunicado el senador Helms.El candidato republicano a la presidencia, Bob Dole, declaró que cualquier cosa menos que la aplicación completa de la ley Helms-Burton "reduce las perspectivas de cambio en la última dictadura del hemisferio".
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