El "caso Calvià" cerca al PP balear

El caso Calvià ha resucitado en el plano judicial en un momento inoportuno para el Partido Popular. El ya juzgado intento de sobornar, con 100 millones de pesetas, a un concejal socialista para cambiar la alcaldía del rico municipio mallorquín de Calvià del PSOE al PP fue cometido por dos militantes populares en 1992.Cuatro años después, uno de los condenados y el beneficiario de la trama, el alcaldable del PP, acusan a la dirección balear de su partido y, en concreto, al ex consejero y ex diputado nacional Francisco Gijet de dirigir y autorizar su juego de tinte mafioso.

Este escándalo reabierto es un ejemplo de corrupción y delincuencia política en Mallorca, una práctica caciquil en aguas sucias. Fue una operación programada para destruir el equilibrio resultante de las urnas, agredir a la soberanía de los ciudadanos en una institución democrática y, luego, maquinar negocios y tráficos particulares en un término con excepcionales intereses inmobiliarios. Calvià es la Marbella de Mallorca, con más playas y más votos al PSOE.

Son palabras de jueces, fiscales y juristas las que construyen la descripción sin presunciones. El caso Calvià creó jurisprudencia, ya que cuenta con hechos probados y sentencias de la Audiencia de Baleares, en 1993, y del Tribunal Supremo, en 1994. Dos militantes populares, que fueron expulsados del partido, y un comisionista con antecedentes por estafa y narcotráfico fueron condenados a penas de cuatro a seis meses de arresto y 100 millones de pesetas de multa, respectivamente. El PP, judicialmente, quedó al margen.

La inevitable ejecución de la sanción hizo aparecer un arrepentido, que ha tirado de la manta y ha descubierto las caras de los posibles inductores o protectores del soborno en el PP y el Gobierno balear. Andrés Bordoy, que era vicepresidente del PP de Calvià, dibujó y dio nombres a la trama oculta. Entregó al mismo juez instructor, José Castro, un documento comprometedor, el escrito de asunción de responsabilidades económicas que le firmó, tras la sentencia del Supremo, Eduardo Vellibre, que era un alto cargo del Gobierno balear y presidente del PP de Calvià y que, ante todo, habría sido alcaldable de Calvià si se hubiera consumado el soborno y la moción de censura.

El PP no le abonó la multa y, en plena presión preelectoral, Bordoy explicó al juez quienes eran las "personas no cumplidamente acreditadas". Francisco Gilet, mano derecha durante un decenio del ex presidente balear y popular Gabriel Cañellas, ha sido aludido como cerebro, urdidor o avalador, desde su despacho oficial, del caso Calvià.

El magistrado dejó pasar la campaña del 3-M. Vellibre ya ha declarado como imputado durante tres jornadas y ha confirmado en buena parte las acusaciones de Bordoy. El ex alcaldable pagó, bajo amenazas o chantajes de Bordoy, según dice, tres de los 100 millones de pesetas de multa que se le inpuso. Explicó Vellibre que Cañellas le llamó "tonto" y le abroncó en 1994 por haber firmado el papel a Bordoy y haberse dejado grabar conversaciones. El juez le preguntó si Cañellas le efectuó algún reproche de carácter moral o ético. "No", contestó.

"Vellibre, tienes un problema", le espetó Cañellas desmarcándose de un asunto con el que, desde un principio la acusación particular le relaciona. "Me es igual" ("Me'n fot"), dijo ya el ex mandatario balear el mismo día que el PSOE denunció el caso Calvià con las cintas que su concejal había grabado a los dos militantes del PP, mientras reiteradamente le prometían el oro y el moro, en enero de 1992.

Gilet fue exculpado en la primera instrucción. Ahora niega en redondo las acusaciones de su ex colaborador Vellibre y de Bordoy. El empresario y amigo de Gilet José María Márquez ha sido señalado con pocas concreciones como supuesto financiador del soborno.

En Calvià, el PSOE ideó una macrourbanización elitista, que requería una inversión de 100.000 millones de pesetas. El PP bloqueó y descalificó el proyecto, pero en el trasfondo del caso Calvià anidan esta operación y otras especulativas.

El ex consejero Gilet declarará mañana, martes, como imputado tras intentar apartar al juez de la instrucción del caso reivindicando su condición de aforado porque era diputado del Congreso cuando se produjeron los hechos investigados.

La dirección del PP arrastra en silencio esta historia desde hace cuatro años. Posiblemente, conocedores de las posibles complicaciones del caso Calvià, los dirigentes populares en Palma y Madrid descabalgaron a Gilet de la cabecera de la lista al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones.

El acusador Bordoy había exhibido cintas y cartas por doquier. Visitó la sede nacional del PP, escribió cartas a José María Aznar, remitió cintas complicadas y se entrevistó, en Cuba, con el sucesor de Cañellas en el Gobierno balear, Cristòfol Soler, que tuvo que declarar ante el juez Castro como testigo. La nueva instrucción sumarial sólo se puede centrar en averiguar nuevos supuestos hechos delictivos todavía no juzgados sobre los autores ocultos o posibles inductores del soborno.

El caso Calvià alborota más, si cabe, el clima de crisis de liderazgo e inestabilidad interna en que está sumido el PP de Baleares desde julio de 1995, cuando Aznar obligó a dimitir a Cañellas como una manera de exigirle responsabilidades políticas por el caso Sóller, otra causa abierta en los juzgados de Mallorca por presunto cobro de comisiones ¡legales en la concesión de un túnel.

La opinión pública tratará con mayor rigor que la justicia la reprobación del caso, decía la primera sentencia. El caso Calvià fue una acción con fábulas de negocios enormes y comisiones fantásticas. Es un complejo watergate mediterráneo, según expresión del fiscal, en el que hay cintas del soborno, grabaciones del sobornador con sus amigos, pagos de favores con contratos, hombres con maletín, emisarios delincuentes y políticos tradicionales a sueldo de patronos.