Granados ordena analizar si son delito las advertencias de HB a funcionarios

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha ordenado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que investigue si las advertencias a funcionarios de prisiones realizadas el jueves pasado por miembros de Herri Batasuna (HB) constituyen delito. A tales efectos, le ha enviado los recortes de prensa en que se recogen.

El parlamentario autonómico Tasio Erkizia dijo en una conferencia de prensa que "muchos de los carceleros y directores están complicando" el futuro de su compañero José Antonio Ortega Lara, secuestrado hace 109 días por ETA. "Están llevando la situación a límites extremos con las torturas, las palizas y las humillaciones" contra los presos etarras, y está "en su manos", añadió, que la liberación de Ortega Lara sea "rápida y feliz".

A su vez, Jone Goiricelaia, letrada habitual de los reclusos de la banda terrorista, denunció la actitud vejatoria que, según HB, cinco funcionarios del centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid) mantienen hacia ellos. Goiricelaia aseguró que varios de estos reclusos han sido expedientados y trasladados a otras cárceles. Para la abogada, el hecho de que "se encuentren crecidos" puede tener consecuencias "imprevisibles y no deseadas" para Ortega Lara. Esto puede acabar "mal", afirmó.

Campaña propagandística

Por su parte, la secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso, ha explicado por escrito a la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco que la acusación sobre malos tratos a un preso etarra de Navalcarnero es infundada y sólo supone "un elemento más de la campaña propagandística de ETA en su pulso al Gobierno y el Estado".En su carta, en contestación a una de la comisión para que indagara sobre una denuncia de IU y de la familia del recluso Iñaki Gonzalo Casal respecto a los presuntos malos tratos que éste recibe de cinco funcionarios de manera sistemática, Fernández Felgueroso indica que, tras analizar el expediente, "se concluye que las imputaciones formuladas carecen de fundamento" y que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya desestimó varias quejas efectuadas "sobre las condiciones de vida en el centro, no sobre malos tratos", por Gonzalo Casal.

También el diputado popular Carmelo Barrio considera que, tras las declaraciones de Erkizia, existe una estrategia etarra "perfectamente planificada" que busca, como con los secuestros, los asesinatos o el vandalismo callejero, "sembrar miedo y terror".

"La violencia terrorista tiene hoy", alega, "una renovada y, sin duda, más eficaz expresión: la violencia verbal". "No se puede asistir impasible", agrega, a declaraciones en las que se pone nombre y apellidos a las amenazas y se utiliza a los presos de ETA para hacer imputaciones "que sólo deberían realizarse ante el juez, de tener algún grado de credibilidad o veracidad".