El PP intentará que el PSOE apoye los principales pactos autonómicos que alcance con los nacionalistas
La negociación entre el PP y los tres grupos nacionalistas (CiU, PNV y Coalición Canaria) para conseguir la estabilidad de gobierno abocará a nuevos pactos autonómicos. El vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que buscará el consenso con los partidos, incluido el PSOE, en la negociación autonómica con los nacionalistas que afecte al modelo de Estado. El PP trata de pactar no sólo el nuevo modelo de financiación autonómica, sino materias que, como la competencia de Tráfico para Cataluña, reclamada por CiU, requieran una modificación de la ley, en ese caso el Estatuto catalán.
El responsable autonómico del PP pretende mantener los usos y costumbres desarrollados en las etapas de UCD y del PSOE: consesuar los cambios sustanciales en el desarrollo autonómico, corno sucedió en 1992 cuando se elevaron los techos de las comunidades de vía lenta [artículo 143 de la Constitución].El reto más inminente es la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, renovable obligatoriamente en 1996. Esta negociación tendrá que contar con el acuerdo del Consejo (te Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representados el Gobierno central y las 17 autonomías (10 del PP, 4 del PSOE y una de CiU, PNV y Coalición Canaria).Financiación y servicios
CiU pretende ante todo lograr un acuerdo con el PP que reduzca la brecha entre lo que Cataluña recauda y lo que recibe, según fuentes negociadoras. Además, la Generalitat tiene graves problemas financieros y ha presentado un memorial de agravios porque recibe menos financiación per cápita en servicios. Es la pieza básica de su negociación con el PP.
Posteriormente, y por la vía del CPFF, el Gobierno del PP tendrá que armonizar los intereses de todas las autonomías. Algunas del PP, como la valenciana y la madrileña, coinciden en sus intereses con Cataluña, y otras como la gallega, con las socialistas de Andalucía y Extremadura.Otra importante reclamación autonómica de CiU es la supresión de gobernadores civiles, que el PP estudia, según confirman fuentes de este partido, en los casos de Cataluña y País Vasco, que disponen de competencias de orden público. Esta tradicional figura sería sustituida por un alto funcionario del Estado.En el caso del País Vasco, el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado está culminado, pero en Cataluña, el Estatut no otorga la competencia de Tráfico a la Generalitat. El PP está dispuesto a reformar este apartado y pactarlo con todos los partidos, incluido el PSOE. También lo haría si acuerda con los nacionalistas la supresión de los gobernadores en algunas autonomías, ya que afecta al modelo de Estado.El PP cuenta con cierto margen de maniobra para la negociación autonómica con los nacionalistas, según reconocen expertos vinculados al Ministerio para las Administraciones Públicas. El campo es amplio en las áreas de Trabajo, Seguridad Social e infraestructuras, donde los ministros José Antonio Griñán y José Borrell se han opuesto a las reclamaciones autonómicas nacionalistas en la última legislatura. En las restantes áreas, la descentralización está muy avanzada y ofrece escaso margen.
Según los expertos consultados, no habría problemas constitucionales para traspasar a Cataluña o el País Vasco la Inspección de Trabajo e incluso el Inem, reclamados por los nacionalistas catalanes y vascos. El PP estudia este traspaso, trasladando las prestaciones al Institutode la Seguridad Social (INSS). El meollo está en la gestión del régimen económico de la Seguridad social, que reclama el PNV.
Los especialistas creen que no habría problemas constitucionales para que el pago de las prestaciones de la Seguridad Social lo hicieran las comunidades que lo reclaman, como la catalana y la vasca. El límite a este traspaso es la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Mariano Rajoy confirma que ese límite es infranqueable para el PP.Flexibilidad nacionalista
Los propios nacionalistas han flexibilizado sus posiciones en este aspecto. Ninguno de estos traspasos, salvo el de Tráfico para Cataluña, exige la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, esto es, la delegación de competencias exclusivas del Estado a las comunidades, por estar todos reconocidos en los estatutos.En cuanto a infraestructuras, la reclamación más importante procede del PNV y CC, con la gestión de los puertos y aeropuertos, que el PP está dispuesto a estudiar. Los expertos opinan que tampoco es necesaria la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. El PP también estudiará la reforma de la Ley de Costas, solicitada por CiU.
