Consejo insoportable
CUANDO EN 1980 se constituyó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la derecha judicial, entonces más franquista que democrática, recibió con enorme recelo a este órgano constitucional de nueva planta por considerarlo una amenaza a su hegemonía en la judicatura española. Su lógica estrategia fue coparlo, haciéndose con las doce vocalías del Consejo sin dar la más mínima opción a otras tendencias. Tres lustros después, esta misma derecha judicial, sin duda ya democrática pero cautiva de hábitos pretéritos, no renuncia a la dominación, con irredento espíritu corporativista, de la institución de gobierno del Poder Judicial, del que los jueces son titulares pero nunca propietarios.Esta referencia histórica es clave para comprender lo que hoy sucede en el Consejo. El caso Pascual Estevill ha servido para que el sector más conservador de la magistratura redoble su campaña contra la elección parlamentaria de los vocales del Consejo y en favor de que éstos sean elegidos por las asociaciones de jueces. Son los vocales más ultramontanos los que han bloqueado un salida digna al caso Pascual Estevill, tolerando, ayer una vez más, que un. vocal sospechoso de corrupción y sometido a varios procesos por prevaricación y fraude fiscal continúe en el ejercicio de sus funciones.
Ya es casi secundario que un vocal del Consejo se niegue a abstenerse, por un sentido mínimo de dignidad, cuando se vota acerca de su continuidad o que no dimita cuando una mayoría, aunque no suficiente, pide que deje el cargo. Son estos vocales del frente Estevill los que no han dudado en mezclar este caso con la provisión de las plazas actualmente vacantes de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El cese de un vocal que está incriminado e imputado penalmente es una exigencia institucional y ética que se justifica por sí misma. Nada tiene que ver, como propalan algunos, con oscuros intentos de propiciar el nombramiento de magistrados más o menos benignos con el caso GAL que enjuicia la. Sala Segunda del Supremo. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, ha salido al paso de este aberrante planteamiento señalando que el Tribunal Supremo es cuestión de Estado y que sus miembros "son, por definición, independientes e imparciales"
La crisis que atenaza al Consejo tiene que ver, muy poco con la elección parlamentaria de sus vocales. Y ello a pesar del denostado sistema de cuotas con el que los partidos políticos han pervertido esta elección. El caso del vocal Pascual Estevill, elegido a propuesta de CiU, es ejemplo más que elocuente de esta perversión. La crisis tiene que ver, sobre todo, con la politización de los propios jueces y con sus banderías y querellas personales.
El caso más llamativo, sin duda, es el del vicepresidente Manzanares, que desde su cargo se ha convertido en una especie de portavoz de la trinchera derechista, dedicado con fruición a la militancia política y a proteger a algún amigo de males merecidos. Toda esta situación tiene su natural reflejo en la actuación de los vocales del órgano de gobierno de la judicatura que los inhabilita para cometidos tan elementales como proveer las plazas vacantes de los altos órganos judiciales con criterios basados en la profesionalidad e idoneidad.
Las vicisitudes de los últimos nombramientos de magistrado del Tribunal Supremo, especialmente de su Sala Segunda, son un ejemplo patente de, esta ineptitud. En junio pasado el Consejo fue incapaz de designar presidente de la Sala Segunda del Supremo. Uno de los candidatos, el actual presidente de la Sala Quinta de lo Militar, José Jimenez Villarejo, soportó una innoble campaña que le discutía su gran prestigio e intachable trayectoria profesional por su supuesta cercanía al PSOE. El magistrado acabó retirando su candidatura. La solución provisional fue designar a un sin duda prestigioso magistrado, Fernando Cotta, pero a punto de jubilarse. En mayo dejará vacante de nuevo un puesto tan capital como el de presidente de la Sala Segunda del Supremo.
Es de esperar que en esa fecha el nuevo Parlamento haya procedido a la renovación del actual Consejo, que se halla en funcione s desde noviembre. Es su deber ante los ciudadanos. Porque un Consejo que tolera entre sus miembros a un vocal como Pascual Estevill, y que no hace sino dedicarse a guerras de banderías, es insoportable para un Estado que merezca tal nombre y una afrenta. a la ciudadanía.
