Nada que ver con el modelo catalán

Otra vez el PP está tomando el nombre del modelo catalán en vano. Así reaccionaron ayer varios expertos sanitarios requeridos para enjuiciar la innovación que el PP pretende introducir en la comarca de Alzira. La diferencia fundamental entre lo que pretende el PP y el modelo catalán, es que mientras en Valencia se propone que sea una empresa privada la que. construya el hospital y luego lo gestione, con la garantía de que tendrá un concierto público que le asegurará ingresos económicos suficientes, en Cataluña es la Generalitat quien ha construido los centros sanitarios y sólo ha cedido la gestión. Además, las empresas a las que, hasta ahora, ha cedido la gestión están constituidas por la propia Generalitat, ayuntamientos afectados, fundaciones benéficas y mutuas de previsión social. Es decir, entidades sin ánimo de lucro. Ésa es la gran diferencia. La propiedad del hospital es pública y las empresas que lo gestionan, aunque en algunos casos adoptan la fórmula jurídica de una sociedad anónima, están constituidas por capital público y, por tanto, permanecen bajo control institucional.Así ocurrió por ejemplo, en el caso del hospital de Móra d'Ebre. Construido por la Generalitat, su gestión fue cedida a la sociedad anónima Segesa, cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Reus. Esta sociedad gestiona además centros de asistencia primaria, como el de Vandellós, y centros sociosanitarios. En la comarca de la Vall D'Arán la Generalitat construyó el hospital y cedió toda la asistencia, tanto primaria como hospitalaria, a La Alianza, una mutua de previsión social propiedad de 200.000 socios que, a diferencia de compañías de seguro libre, no hace exclusiones por edad o por patologías y constituye, de hecho, el antecedente de la Seguridad Social en Cataluña. En Sabadell, Terrassa o Mataró, los hospitales están gestionados también con consorcios públicos.

Este modelo permite una gestión más eficiente y contratar sin el corsé del estatuto del personal sanitario, pero manteniendo el control público. También permite que excedentes obtenidos por a mejora de la gestión reviertan en la propia red sanitaria. En cambio, la Generalitat se ha negado a conceder un concierto con la Seguridad Social al Hospital General de Cataluña, considerdo el paradigma de iniciativa privada, ahora en suspensión de pagos.