17 'carapintadas' argentinos piden asilo en Uruguay
Todavía sucios, 17 carapintadas argentinos huyeron a Uruguay por la ciudad de Colonia para evitar ser juzgados por su participación en la cruenta rebelión militar de 1990, que costó 21 vidas. Todos ellos, incluido un capellán castrense, han pedido asilo político y forman parte del grupo de élite Albatros, que el 13 de diciembre de aquel año se alzó en armas contra la democracia en apoyo del golpe encabezado por el coronel Mohamed Alí Seineldín, actualmente en prisión.
La fuga de los militares, oficiales y suboficiales de la Prefectura se produjo poco antes de que debieran presentarse ante el juez en una vista oral para responder por la insurrección contra el primer Gobierno de Carlos Menem, sofocada después de violentos combates y un saldo de 21 muertos y decenas de heridos. La fuga se produjo el pasado viernes por carretera aprovechando las facilidades de los pasos fronterizos entre Uruguay y Argentina, a cuyos ciudadanos sólo se requiere el carné de identidad.Un comunicado de la cancillería uruguaya indica que se tomó la declaración a los solicitantes, entre los que figura el exsubprefecto naval de Buenos Aires Horacio Raúl Sagastizábal y se estudia su petición de asilo, pero otras fuentes diplomáticas sostienen que la demanda será denegada y los peticionarios quedarían en la misma situación que los miembros de ETA extraditados en 1994. 'Los argentinos se encuentran alojados en un hotel de la ciudad vieja de Montevideo, donde no han querido efectuar declaraciones siguiendo las instrucciones de la cancillería uruguaya, según dijo Alicia Chiesa, esposa de Sagastizábal, que también ha pedido asilo.
Los carapintadas disfrutaban de libertad bajo fianza en Argentina, al amparo del pacto de San José de Costa Rica que así lo establece para aquellos reos cuyas causas tardan en ser juzgadas.
Este grupo afirma en una ilota entregada al Gobierno de Julio María Sanguinetti que algunos de ellos cumplieron cuatro años de prisión sin juicio y viven amenazados. El canciller interino Carlos Pérez del Castillo indicó que los casos están en estudio, pero recordó que "el asilo territorial procede en los casos de delito político y que las personas [referencia a argentinos] provienen de un Estado de derecho en el que existe separación de poderes y se respetan las normas del debido proceso". Pérez del Castillo no ocultó que la situación es "muy delicada, aunque lejos de revestir un problema en la relación bilateral".
El grupo de militares y civiles entró en Uruguay en viajes separados los pasados 28 y 29 de septiembre, reclamando el cumplimiento del artículo 23 del tratado de 1889 vigente en Argentina en el caso de que el Gobierno, de Buenos Aires vaya a solicitar su extradición. El próximo día 23 debían comenzar las audiencias por el juicio que se le sigue, y el pasado viernes estaban citados para comparecer en una gestión preliminar. Todos ellos habían desaparecido de sus domicilios habituales en fechas previas.
En la vista contra los participantes en la reunión de 1990 se encuentran implicadas 74 personas. El coronel Seineldin cumple prisión con otros cabecillas de la revuelta y su indulto ha sido rechazado por el Gobierno.
