Industria rechaza la planta de regasificación en Bilbao y abre un conflicto con el Gobierno vasco

El deseo del Ente Vasco de la Energía (EVE) de construir una planta de regasificación en el puerto de Bilbao ha abierto un nuevo enfrentamiento económico y competencial entre el Gobierno central y el Ejecutivo Vasco. El EVE mantiene que la planta, que requiere una inversión de 20.000 millones de pesetas, es imprescindible para garantizar el suministro gasístico en Euskadi y que el gobierno autónomo es competente para autorizar su construcción. Industria sostiene que la autorización es de su competencia, que no será autorizada por innecesaria y que encarecería la tarifa doméstica del gas. El conflicto está abierto y amenaza con enconarse salvo que se reconduzca por la vía política.

La decisión de instalar una planta de regasificación en el superpuerto de Bilbao ha abierto la caja de los truenos entre la Administración central, que se niega a autorizar el proyecto, y el Ejecutivo vasco, que considera que la planta es necesaria para garantizar el suministro en el País Vasco y que el Gobierno de Vitoria es competente para autorizarla. El Gobierno Vasco inició en agosto el trámite para conseguir la autorización; el EVE ha realizado los primeros contactos con grupos locales de inversores en busca de financiación,La idea del EVE es construir una planta de regasificación, con un coste de 20.000 millones y una capacidad de emisión máxima de 20.000 millones de termias. Las instalaciones, situadas frente a Punta Caballos en las obras de ampliación del puerto autónomo, contarían con dos tanques de almacenaje de 100.000 metros cúbicos de capacidad.

El Gobierno Vasco y el EVE aseguran que su interés en el autoabastecimiento de energía carece de tintes políticos independentistas y que no tienen ningún interés en abrir una nueva polémica.

Últimos de la fila

"Hay un problema básico a la hora de conectarnos con el gasoducto Calahorra-Lacq: nos encontramos en cola de red, con lo que la seguridad en el suministro disminuye notablemente", aseguran en el EVE. Se apunta que la dependencia de España el año 2005 del gas argelino y libio -zonas de gran inestabilidad política- será del 73%, según estima la empresa Enagas.En el ámbito competencial, el EVE argumenta que el Estatuto vasco, en su artículo 10.11, indica que son competencia exclusiva de la comunidad "las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad autónoma". Precisamente la condición final -que no afecte a otra provincia o comunidad autónoma- está en la base de la discusión, puesto que las tarifas resultan afectadas y, en teoría, el Estado tendría la decisión final. Jacinto Lobo, director general del EVE, recuerda que el Estatuto concede competencias al País Vasco para "instalaciones de producción, distribución y transporte de energía".

El Gobierno central, a través de la Secretaría General de la Energía, se opone radical y abiertamente al proyecto y asegura que la autorización no se concederá. Según el secretario general de la Energía, Alberto Lafuente, la planta es una parte de la red básica gasística del Estado, por lo cual "la autorización compete exclusivamente al Estado". La Ley del Gas, en su artículo quinto del Capítulo III, dice que corresponde al Ministerio de Industria el otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el "establecimiento de las plantas de regasificación de gas natural licuado susceptibles de alimentar la Red Nacional de Gasoductos".

Tarifa más cara

En términos económicos, según el Gobierno, la construcción de otra planta de regasificación sería un auténtico disparate. España ya tiene tres, tantas como funcionan en toda Europa, por lo que se entiende que el suministro está garantizado. Pero es que, además, la comunidad gallega también quiere tener su propia planta; de autorizarse la del superpuerto, la autonomía gallega reclamaría su regasificadora y España acabaría teniendo cinco plantas.La Secretaría General de la Energía explica que, dado que la tarifa de gas recoge los costes efectivos, la construcción de la planta encarecería la tarifa doméstica para todos los consumidores entre el 0,6% y el 3%, en función de las modalidades de inversión. Como afecta a todos los consumidores, el encarecimiento engarza con el problema competencial. Ahora, la tarifa doméstica para pequeños consumidores es de 6,804 pesetas/termia; para consumidores medios de 5,693 pesetas/ termia y para grandes consumidores de 3,813 pesetas/termia.