Cada cual a lo suyo

TRAS UN primer episodio de bronca, nacionalistas catalanes y socialistas parecen volver a las formas civilizadas de ruptura. Al estilo un tanto abrupto con que CiU comunicó que vetaría los Presupuestos respondió el Gobierno, por boca del ministro Solbes, con una insinuación de retirada del 15% del IRPF que sonó a intercambio de represalias. Ambas cosas eran escasamente coherentes con los mensajes que cada uno había prodigado para justificar su alianza desde 1993.Frente a la oposición de piñón fijo de Aznar y Anguita, Pujol había defendido un compromiso orientado a hacer compatible el crecimiento económico con la superación de los desequilibrios, en la línea de los criterios de convergencia de Maastricht. Si se admite que los Presupuestos eran ahora el principal instrumento para culminar esa orientación, resulta incoherente pasar a considerar secundario su contenido. Pero no menos incoherente es amenazar con el 15% después de haber sostenido que no se trataba de una contrapartida en favor de los catalanes, sino de una medida de corresponsabilización fiscal favorable para el sistema autonómico en su conjunto.

Las ulteriores matizaciones por ambas partes han restablecido un clima de más sosiego, pero ni CiU ha rectificado su intención de presentar una enmienda de devolución ni el PSOE se ha apeado de la suya de aguantar al menos hasta la primavera próxima. Resulta por ello sorprendente que Solbes haya proseguido los contactos-sindicatos, empresarios, otros grupos parlamentarios- como si sus Presupuestos tuvieran todavía alguna posibilidad de pasar. O bien, hay algún dato desconocido por la opinión pública, o bien se trata simplemente de una forma de ganar tiempo hasta fines de octubre, que es cuando se votan las enmiendas a la totalidad.

González no ha descartado disolver entonces, pero como ello supondría celebrar las elecciones en plenas vacaciones de Navidad, no parece nada probable que la disolución se produzca antes de diciembre en cualquier caso. Pujol tiene mucho menos tiempo para decidir. Debe convocar las autonómicas catalanas en un plazo de diez días si quiere celebrarlas el 19 de noviembre. En ese caso es posible que CiU trate de acentuar las diferencias con su antiguo socio en otros terrenos. Por ejemplo, votando en contra de algunos proyectos de ley en tramitación o dando vía libre a determinadas comisiones de investigación incómodas para el PSOE, en primer lugar la de Intelhorce.

El plazo que buscan los socialistas es el que necesitan para alcanzar los otros dos objetivos que, junto a la aprobación de los Presupuestos, esgrimieron como argumento para mantener la referencia de marzo: la culminación de la presidencia española de la UE y la aprobación de algunas leyes en trámite, sobre todo el Código Penal, que está en danza desde los tiempos de UCD. La tercera razón, invocada sólo a veces, es la de contar con tiempo para lanzar un candidato que sustituya a González si éste, como ha asegurado Pujol, tiene ya decidido no presentarse.

La posibilidad de que los nacionalistas catalanes rechacen en el trámite del Senado el proyecto de nuevo Código Penal es remota, por lo que seguramente será aprobado antes de fin de año. La presentación conjunta por parte del PSOE e IU de una petición, para que la ley de ampliación del aborto se tramite por vía de urgencia hace pensar que quizá también ese proyecto pueda pasar antes de la disolución. Será ahora o dentro de mucho tiempo, porque difícilmente prosperará una ley como ésa tras la previsible victoria de Aznar. Pero si es así, tampoco IU se libra de una incoherencia final: pedir la tramitación de urgencia de una ley que considera fundamental a la vez que solicita la disolución inmediata del Parlamento.

Con o sin presupuestos, este Parlamento tiene entre manos un Código Penal que debe ser tramitado hasta el final. A esta ley, que acostumbra tener vida centenaria, le resta un recorrido parlamentario de apenas dos meses. Es probable que sólo por ella merezca ser recordada esta legislatura por lo demás tan poco memorable.