El fiscal del Estado ordena investigar la 'lista negra' de los cabezas rapadas
El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ordenó ayer al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, que inicie una investigación para determinar quién elaboró la lista negra de 100 personas publicada en un boletín de los skin-heads (cabezas rapadas) y si esta actuación es constitutiva de delito. La delegada del Gobierno en Valencia, Carmen Moya, atribuyó al grupo Acción Radical el panfleto clandestino Cirrosis, que difundió los datos personales de los "objetivos a abatir" por los nazis, desde homosexuales hasta comunistas.
Carlos Granados, fiscal general del Estado, ordenó la apertura de diligencias informativas porque, a su juicio, la actuación de los cabezas rapadas al difundir la identidad, domicilio y números de teléfono de las 100 personas incluidas en la lista negra podría ser constitutiva de los delitos de amenazas, provocación o apología de la violencia.Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Moya, declaró que existe una relación directa entre el grupo Acción Radical y la revista Cirrosis, que se publica en Valencia. Los grupos neonazis que promueven este tipo de publicaciones clandestinas actúan en toda España, señaló Moya, quien precisó que no desarrollan una "actividad preocupante" en el territorio valenciano.
Muchos de los datos incluidos en esta relación de "objetivos" son erróneos, según ha comprobado la Policía, que investiga el origen del panfleto que se distribuye de forma irregular y clandestina entre los skins de diversas poblaciones. Ninguna de las persona! incluidas en la lista de Cirrosis ha sufrido agresiones directas, indicaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, aunque algunas han denunciado amenazas telefónicas.
El grupo de la Policía especializado en "tribus urbanas" investiga también el origen de otro fanzine, de signo contrario, editado por rapados de ultraizquierda bajo el lema Contra el fascismo, autodefensa", que incluye datos de supuestos skins neonazis.
Frente a las críticas por el parcial desmantelamiento de este grupo, que ha pasado de 36 a sólo 10 agentes, los sindicatos policiales consideran adecuado que los funcionarios especializados en tribus urbanas se limiten a investigar e infiltrarse en las mismas y sean los policías de la zona quienes practiquen las detenciones.
De otro lado, la organiza ción antirracista SOS Racismo pedirá al presidente del Gobierno, Felipe González, que aproveche la presidencia española de la Unión Europea (UE) para propiciar la elaboración de un plan de actuación conjunta contra los grupos neonazis y las asociaciones que inciten al odio o la violencia racista, en el que se impliquen todos los gobiernos europeos.
La organización antirracista considera que la publicación de listas, como la dada a conocer por este periódico el pasado fin de semana, demuestra que estos grupos de skins están suficientemente organizados, Incluso a nivel europeo, informa Manuel Torres.
Para Pere Camps, portavoz de SOS Racismo, la publicación de listas incitando a la violencia contra anarquistas, homosexuales, comunistas, separatistas o miembros de otras etnias "es sólo la punta del iceberg y ha sido posible porque el Gobierno y la Policía no han actuado con contundencia".
Tras criticar a los responsables policiales o políticos que restan iniportancia a la violencia de los cabezas rapadas, se preguntó: "¿Tenemos que esperar a que su grado de coordinación sea tan elevado que resulte difícil su desarticulación?"
El sindicato anarquista CNT y la asociación Juventudes Libertarías recalcaron, por su parte, que los skins han pasado de ser una tribu urbana como tantas otras para convertirse en una organización fascista bien estructurada que representa un gran peligro.
Finalmente, Izquierda Unida anunció ayer que dirigirá una carta a las 100 personas incluidas en la lista negra de los cabezas rapadas para ofrecerles asesoramiento jurídico por si quieren emprender acciones legales.
La sede del grupo Acción Radical en Valencia fue desmantelada el pasado año por la Policía, que en la operación se incautó de diversa documentación y material de la organización. El asunto, en fase de instrucción, se encuentra actualmente pendiente del juicio a los responsables de la organización.
