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EL 'CASO GAL', EN EL SUPREMO

Garzón da por "creíbles" las acusaciones a González

El juez sugiere al Supremo que tome declaración inmediata a los cuatro aforados y realice careos

El juez Baltasar Garzón defiende en el escrito elevado al Tribunal Supremo sobre el caso GAL "la veracidad" de las acusaciones contra el presidente del Gobierno, Felipe González, y otros tres aforados -los ex ministros de Defensa Narcís Serra y de Interior José Barrionuevo y el dirigente socialista Txiki Benegas-, que figuran en el sumario, aunque reconoce que "ni tan siquiera" alcanzan la categoría de indicios racionales de criminalidad". Tales apreciaciones se contienen en la exposición motivada de 40 folios, hasta ahora inéditos, que Garzón dirigió el 28 de julio último a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que EL PAíS publica hoy tras la decisión adoptada el pasado viernes por el alto tribunal de asumir el caso. Garzón sugiere al Supremo la "necesaria" e "inmediata" toma de declaración como imputados a los cuatro aforados y cree que el paso siguiente sería realizar "careos" con quienes les acusan

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El juez Garzón manifiesta que "los datos son mucho más abundantes en un caso (José Barrionuevo) que en los otros (presidente del Gobierno, José María Benegas y Narcís Serra)", y recuerda que la ley limita su exposición a la enumeración de datos y al desarrollo mínimo de los argumentos que contienen, ya que las imputaciones contra los aforados no constituyen indicios racionales de criminalidad.Sin embargo, tras detallar las declaraciones autoinculpatorias, a la vez que acusatorias contra los aforados por parte de varios procesados en el caso GAL -especial las del ex secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea; del ex director. de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y otras afirmaciones de ex policías condenados o procesados-, Garzón expone que, "salvo que otros datos conduzcan a lo contrario, debe, darse más valor a la declaración inculpatoria, por sus propias consecuencias negativas para el que la hace". Varios de los procesados negaron inicialmente su participación en los GAL."Trama criminal creíble"

Garzon argumenta que "la veracidad de tal declaración sólo puede cuestionarse si hay otros datos que con gran contundencia", indica, "subrayan que la versión de aquel sujeto no se ajusta, a la verdád". El juez instructor de la Audiencia Nacional responde así a su propia formulación: "En el caso que nos ocupa, tales datos no existen, toda vez que del conjunto de las declaraciones autoinculpatorias se deduce una trama criminal perfectamente creíble, dándose coincidencia en lo declarado por unos y por otros y, a su vez corroborando las iniciales manifestaciones casi en su integridad, de los señores Amedo y Domínguez, y todo ello sin que haya mediado acuerdo o pacto entre unos y otros, sino espontaneidad en las manifestaciones, que no son absolutamente convergentes".

Las imputaciones contra González se fundamentan, entre otras declaraciones de los procesados, en lo afirmado por Sancristóbal el l8 de julio último ante el juez Garzón. Ante la pregunta de si el ministro Barrionuevo era el último responsable político que autorizó la detención de Segundo Marey, contestó, según figura en el sumario: "Que no tiene ninguna prueba personalmente de que Barrionuevo consultase con su superior el presidente del Gobierno, pero [que] conociendo el talante del ministro Barrionuevo, está convencido a título personal de qu él informó a su superior el presidente del Gobierno y no actuaba nunca por libre".

Otras acusaciones contra González proceden de García Damborenea. El ex dirigente socialista señaló, en coincidencia con las manifestaciones de Sancristóbal que antes de la llegada del PSOE al poder el terrorismo era una de las más graves preocupaciones que existían tanto en el partido como en el Gobierno". Añadió que cuando llegó Barrionuevo al Ministerio del Interior consultó dentro del partido y se emitió una opinión generalizada "favorable a la intervención directa en el sur de Francia contra ETA" aludiendo "al que tenía poder de decisión" y afirmó que, "tomada la decisión por el presidente del Gobierno (...), necesariamente tuvo que contar con el ministro de Defensa y el ministro del Interior", subraya Garzón.

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Tales declaraciones se corresponden con lo afirmado por el ex jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo y el ex jefe del Mando único de la Lucha Contraterrorista, Francisco, Álvarez Sánchez, sobre la preocupación socialista en materia de terrorismo, que llevó a Sancristóbal, con el conocimiento de Barrionuevo y Vera, a tomar la iniciativa en la guerra contra ETA en el sur de Francia.

Según la declaración de Planchuelo del 15 de julio dé este año, finalizado el verano de 1983 Álvarez le comentó que, según la información de las autoridades políticas de Madrid y del País Vasco (...), "que la situación es de extrema necesidad, que esta amenazada la democracia y que podía haber un nuevo golpe de Estado" y le comentó también que "Julián Sancristóbal ha recibido instrucciones del Ministerio del Interior para que haga lo necesario a fin de dar una respuesta adecuada a esta situación y en particular para que ordene lo pertinente para actuar en Francia contra ETA".

El documento fundacional

García Damborenea aseguró al juez Garzón que mantuvo varias conversaciones con González, concretamente "a lo largo de 1984", en las que el presidente del Gobierno "le hablaba con confianza plena compartiendo la responsabilidad". En algunas de esas reuniones estaba presente, según el declarante, el entonces secretario general del PSOE de Euskadi, Txiki Benegas. Un dato procedente de García Damborenea que Garzón tampoco ha podido comprobar es la existencia de un documento de contenido "teórico y estratégico" sobre las actividades contra ETA, elaborado "por el Cesid al parecer en el verano de l983".

También Sancristóbal dice haber oído hablar de tal documento, que Garzón ha reclamado sin éxito al Cesid, En su declaración del 28 de julio último, García Dámborenea concretó más y aseguró ya que el documento "fue elaborado por el Cesid", que "lo tuvo en su poder en 1982 (sic)" y que "muy probablemente se le entregó al responsable del Cesid en el País Vasco en 1983, señor Somontes".

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