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EL "CASO GAL" EN EL SUPREMO

La mayoría de los procesados acusa de oídas

Salvo las declaraciones del ex secretario general del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, y del ex director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, los testimonios contra los cuatro aforados (Felipe González, José Barrionuevo, Narcís Serra y José María Benegas) se basan en comentarios de terceras personas sobre hechos que quienes los cuentan no conocen de primera mano.Tampoco faltan los testimonios fundamentados en meras suposiciones. Por ejemplo, Sancristóbal acusa a Felipe González porque, "conociendo el talante del ministro Barrionuevo, está convencido de que informó al presidente del Gobierno". García Damborenea, de su lado, implica al entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, afirmando que "necesariamente" Felipe González tenía que consultar con él, pues "el Ejército tuvo que intervenir al estar implicado en la lucha contra el terrorismo".

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La acusación más firme se refiere al ex ministro del Interior José Barrionuevo y a la conversación telefónica que, supuestamente, mantuvo con él el entonces gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, desde el despacho del jefe superior de Bilbao, Francisco Álvarez. Fue el 4 de diciembre de 1983 y los autores del secuestro de Segundo Marey acababan de enterarse por Rafael Vera, entonces director de la Seguridad del Estado, a quien se lo habría comunicado el delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, que la persona a la que habían secuestrado en Hendaya no era el etarra Mikel Lujua.

La conversación se produjo en presencia de García Damborenea, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información, y del policía José Amedo. Todos ratifican que existió la llamada, aunque ninguno, excepto el propio Sancristóbal, puede saber con seguridad quién era el interlocutor, hasta el punto de que Planchuelo creyó mucho tiempo que quien estaba al otro lado de la línea era Vera.

Distintas versiones

Las versiones sobre el contenido de la conversación varían ligeramente. Para Planchuelo, Amedo y Álvarez, fueron Sancristóbal y Damborenea quienes decidieron no liberar a Marey y así lo comunicaron a Barrionuevo, quien les dió luz verde. "Ricardo y yo hemos decidido quedarnos con el tío unos días y dar un escarmiento a los franceses para que vayan entrando en razón", oyó Planchuelo.La versión de Sancristóbal y Damborenea traslada toda la responsabilidad a Barrionuevo. "Sancristóbal llama al ministro Barrionuevo para consultar qué hacer y el ministro ordena que se continúe con la detención de Marey durante unos días", declara Damborenea.

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El ex dirigente socialista vasco es el único que dice haber hablado con Felipe González sobre el tema, durante los años 1983 y 1984, en La Moncloa, el Congreso o la sede del PSOE, aunque no aporta fechas ni detalles de estas reuniones, salvo que en alguna de ellas estuvo José María Benegas, aunque admite que no hay "anotaciones [de las mismas] en libro de registro alguno". Damborenea, que ya tuvo que corregir su declaración por haber dicho que el secuestro de Marey tenía como objetivo la liberación del capitán Martín Barrios, muerto dos meses, antes, cometió un nuevo lapsus: dijo haber tenido en su poder en el verano de 1982 el supuesto documento del Cesid sobre la guerra sucia elaborado un año después.

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