La Junta andaluza cree que las menores no necesitan permiso paterno para abortar
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) envió el pasado mes de junio un informe jurídico a todos los distritos sanitarios en el que se sostiene que el vigente artículo 417 bis del Código Penal "no ha establecido ningún límite o excepción a la interrupción del embarazo en razón de la edad o deficiencia psíquica de la mujer y ello después de ser revisada su oportunidad tras el recurso previo de inconstitucionalidas".
En el informe se asegura que la interrupción del embarazo de una menor de edad "afecta directamente a derechos de rango fundamental y de naturaleza personalísima y que, al mismo tiempo, la gestación exige un cierto grado de desarrollo del cuerpo de la mujer y de sus relaciones personales", por lo que concluye que si el embarazo entra dentro de alguno de los tres supuestos despenalizados "no es posible pretender que esta intervención tenga que estar condicionada al consentimiento de terceras personas (los padres) o de la autoridad judicial".
El informe del SAS remite a una sentencia del Tribunal Constitucional (53/85) y al Código Civil, que en ningún caso "condicionan la interrupción del embarazo de una menor a que su consentimiento sea sustituido", por lo que concluye: "Exactamente por las mismas razones jurídicas, no sería lícito el aborto practicado contra la voluntad de la menor de edad, a pesar del interés favorable de sus padres".
En el caso de las deficientes psíquicas, el informe del SAS sostiene que la particularidad y compleja ponderación de cada caso exige que la decisión esté exclusivamente sometida al criterio imparcial de los jueces, por lo que sostiene que debe recurrirse a la autoridad judicial, pero que " en ningún caso puede aceptarse corno válido el consentimiento prestado por el tutor de la incapacitada".
Protesta médica
Tal informe, conocido ahora, ha provocado la protesta médica. El Sindicato Médico de Málaga entregó ayer a la fiscalía el informe jurídico para exigir que los abortos en menores se realicen siempre con consentimiento paterno y porque entiende que la normativa del SAS puede llegar a suponer "inducción al delito". Según el presidente del sindicato, Fermín Parrondo, "el documento del SAS presiona a los profesionales médicos a tomar decisiones bajo criterios de una menor".El Sindicato Médico ha recomendado a sus asociados que, en tanto no haya un pronunciamiento de la fiscalía que no resuelva si el informe se ajusta o no a derecho, no apliquen esta directriz del SAS, y, en todo caso consulten a un juez antes de practicar una operación de aborto a una menor o deficiente psíquica. Parrondo lamentó ayer que los asesores del SAS hagan recaer el problema sobre los médicos, "que se ven presionados por sus superiores a adoptar unas resoluciones que es la ley quien debe determinarlas".
