Las autonomías aumentan un 36% las partidas destinadas a salario social
El paro, la recesión y el recorte de las prestaciones por desempleo han obligado a las autonomías a incrementar un 36,4% sus gastos en salario social. Los 22.000 millones destinados en 1993 a rentas mínimas de inserción (RMI) alcanzarán este año 30.000 millones, con un salario medio de 37.000 pesetas al mes. Los sindicatos advierten que estas ayudas se han convertido en un sucedáneo del subsidio de paro.
Entre las 16 autonomías que han implantado el salario social -todas, menos Baleares- el año pasado se aprobaron un total de 56.000 solicitudes. Cataluña ha presupuestado para este año un mínimo de 3.600 millones de pesetas, casi el doble de los 2.000 millones de 1993. En el País Vasco se pasará de 4.200 millones a casi 5.600. Galicia también doblará su dotación de -500 millones a más de 1.000 y Andalucía ha presupuestado 6.000 millones revisables al alza. Castilla y León y Castilla-La Mancha han superado ambas los 1.000 millones de presupuesto por. primera vez y Madrid mantiene el mismo que el año pasado, aunque pendiente de una revisión al alza, como sucede en Canarias. La Comunidad Valenciana lo ha aumentado en más de 100 millones.Como media, cada persona que obtiene una ayuda por la renta mínima de inserción recibe unas 37.000 pesetas, una cifra que puede aumentar en las unidades familiares con hijos.
El responsable nacional de política social de UGT, Ciriaco Hidalgo -que pide una ley marco de regulación a escala estatal-, advierte que los programas de rentas de inserción mínima han empezado a dispararse al aumentar la demanda de personas "normales" que han terminado las ayudas del desempleo y que no reciben ninguna otra cobertura estatal, además del crecimiento de las bolsas menos favorecidas de población que ya, se acogía a estos planes.
En el resto de comunidades, sólo Murcia -pendiente de revisión- ha dotado a su plan de un presupuesto inferior al de 1993. Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura y La Rioja han mantenido la misma dotación, aunque prevén un aumento en el número de beneficiarios. Un representante de la comunidad de Asturias considera que esta cifra se ha "mantenido estable, pero en ningún caso representa una congelación del gasto para salario social".
Hidalgo cree que el gran aumento de demandas del salario social se debe a que "se han convertido en un sustituto de todos los recortes de prestaciones sociales realizadas por el Inem". Y añade: "La mayoría de comunidades han convertido estas ayudas en un salario sin contraprestaciones, cuando deberían ser un salario con contraprestaciones laborales y formativas para conseguir la integración del individuo". Los sindicatos opinan que el vacío de una ley marco estatal ha creado una verdadera selva en la regulación de cada comunidad autónoma.
