La justicia también paga los errores

Más de 58 millones de pesetas costará al Estado el extravío de un procedimiento judicial, que impidió a un ciudadano percibir una indemnización por accidente de circulación, si el Ministerio de Justicia acepta el criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que se ha producido anormal funcionamiento de la justicia. Durante el mes de julio último el CGPJ informó favorablemente nueve casos de anomalías por retrasos, prisión indebida o error en la identidad de los detenidos, por un importe de más de 123 millones de pesetas.El pleno del CGPJ sigue informando favorablemente la mayor parte de los expedientes de Justicia e Interior por reclamaciones contra el Estado por error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Según la última Memoria del CGPJ, en 1993 este órgano emitió un total de 93 informes no vinculantes, de los que 49 fueron favorables (21 por retrasos, 4 por prisión indebida y 24 por otras anomalías) y los restantes 44 desfavorables. En julio último, de 13 informes emitidos, nueve han sido favorables a la reclamación.

El derecho, de los ciudadanos a estas indemnizaciones está reconocido en el artículo 121 de la Constitución, según el cual "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley". La ley orgánica del Poder Judicial ha desarrollado este precepto, que en los últimos tiempos es interpretado por el CGPJ con criterios generosos, frente a la tradicional tacañería de la Administración.

He aquí algunos de los últimos casos informados a favor:

Accidente en el juzgado.

Fernando Mena Díaz resultó lesionado en un accidente de circulación ocurrido el 17 de septiembre de 1978. Acudió repetidamente al juzgado de Fuengirola (Málaga) para ser reconocido por el médico forense y aportó abundante documentación sobre las lesiones sufridas y los gastos ocasionados. Pero pasaba el tiempo y el juicio no se celebraba. En 1989 el secretario del juzgado le dijo que no encontraba los documentos del caso, que legalmente le corresponde custodiar. Mena pidió su reconstrucción y en 1991 se requirió copia del atestado a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con resultado negativo, porque había sido destruido a los 10 años del accidente. Mena facilitó el domicilio del conductor del vehículo, pero no se le llamó a declarar. El interesado evalúa los daños y perjuicios en 58.496.639 pesetas.

40 millones por una vacante.

Antonio Murugo Pérez demandó en 1991 a tres personas en un pleito civil, que correspondió a un juzgado de Badalona (Barcelona). En enero de 1993 quedó el caso en la mesa del juez para dictar sentencia. Terminó 1993 y empezó 1994 y la sentencia seguía sin dictarse. A través del Sindic de Greugues, al que acudió Murugo, pudo enterarse de que el retraso se debía a que estaba vacante la plaza de juez en ese juzgado. El paso del tiempo originó una serie de perjuicios en los bienes objeto del litigio que condujo a Murugo a pedir una indemnización de 40 millones de pesetas. El CGPJ informa a favor la petición, porque aunque las dilaciones se deban a la vacante existente, "ello no priva a los ciudadanos del derecho a reaccionar frente a tales retrasos".

Las huellas no eran las suyas.

Hassan Mohamed Tahar, melillense de nacimiento y domicilio, fue citado en 1984 a un juicio penal en Las Palmas, como inculpado, circunstancia que le sorprendió, porque nunca había estado allí ni cometido delito alguno. Un funcionario judicial le aseguró que no había error y que incluso constaba que había estado en la cárcel. Para deshacer el equívoco, se remitió al juzgado de Las Palmas fotocopia del DNI y de la partida de nacimiento. En 1992 fue la Comisaría de Policía de Melilla la que citó a Mohamed y le exhibió una orden de busca y captura. Aclarado otra vez el equívoco, meses después fue ingresado en prisión por delito de violación hasta que el 28 de diciembre -Día de los Inocentes- se comprueba que sus huellas dactilares no coinciden con las de Aorriar Amedo Mohand, que es el verdadero procesado. Mohamed pide 15 millones de pesetas.

Cinco años sin sentencia.

Jorge Gutiérrez Pardo, que se encontraba embriagado e intentaba atacar a los transeuntes con una navaja, fue detenido por agredir a un policía que quiso reducirle. La detención se produjo en mayo de 1988 y el juzgado de Madrid prolongó la instrucción del caso hasta octubre de 1992. En febrero de 1993 se aportó el informe médico del lesionado y el juzgado de lo Penal dictó sentencia en septiembre de ese año. Gutiérrez alegó que la tardanza del juicio le perjudicó, ya que, al tener causa judicial pendiente, no pudo obtener permiso de residencia ni realizar actividad laboral alguna bajo amenaza de ser expulsado de España. Pide cinco millones de pesetas.

En la cárcel en lugar de otro.

Francisco Javier Calzada Cuervas fue detenido en Barcelona el 31 de julio de 1992 como autor del apuñalamiento de un dominicano, cometido por un skin o cabeza rapada. Dijo reconocerle un amigo del agredido. El 18 de septiembre del mismo ano se entregó en comisaría Akim Rim Moreno, muy parecido físicamente a Calzada. Se declaró autor de los hechos y explicó que, tras cometerlos, se fue de vacaciones a Ibiza. Pero el juez no le creyó y le dejó en libertad, mientras mantuvo en prisión a Calzada. Meses después Rim fue sucesivamente detenido por otros delitos, pero el juez siguió sin tomar medidas contra él por el caso del dominicano. En febrero de 1993 Calzada fue finalmente absuelto, por lo que pide una indemnización de 30.000 pesetas por cada día anormalmente detenido, más gastos de abogado, por un total superior a los cinco millones de pesetas.