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Belloch destaca que el nuevo Código Penal protege, más a las personas que al Estado

El Gobierno acordó ayer remitir el proyecto de Código Penal a las Cortes. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, destacó que el nuevo texto introduce una mayor protección de los derechos fundamentales y libertades, mientras que queda en un segundo plano la defensa del Estado. Entre las escasas modificaciones sobre el anteproyecto presentado en mayo, Belloch subrayó que se suprime la privación del carné de conducir a los insumisos y que se incluye como agravante específica el delinquir por motivos de antisemitismo o por móviles religiosos.

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Entre las medidas para la lucha contra la corrupción, el futuro Código Penal crea un nuevo delito, castigado con hasta tres años de cárcel y hasta seis años de inhabilitación especial, para el funcionario que dé una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles públicos. Asimismo, quedará exento de pena el ciudadano que denuncie haber sido tentado por un funcionario para una operación irregular, lo que aumentará las denuncias de corrupciones.Entre las penas por delitos cometidos por los funcionarios -que se amplían, en especial la inhabilitación para los corruptos-, destaca la de seis años de cárcel para los que torturen psicológica o moralmente a un detenido o preso, aunque no le produzcan lesiones. Si hay lesiones se incrementa la pena.

Se elevan las penas para las escuchas telefónicas ilícitas y se incluye una modalidad inédita: la conducta que lleva a cabo el tercero que, no habiendo tomado parte en la interceptación, revela su contenido, conociendo su ilícito origen.

Excesos periodísticos

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En los delitos contra el honor, se suprime el desacato, excepto cuando se comete en presencia de la autoridad contra la que se atenta. Los excesos periodísticos sólo se castigarán cuando las informaciones no sean veraces. Las penas serán sólo pecuniarias y nunca con cárcel. Se castigará, además, con inhabilitación, al periodista que actúe "mediante precio, recompensa o promesa".

Un nuevo delito será el cometido por quien no comparezca a las comisiones parlamentarias de investigación. Otra novedad es que en los delitos contra el medio ambiente, se autoriza al juez a "adoptar las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico alterado por las actividades prohibidas", con lo que se pretende evitar que las meras multas se conviertan en un coste calculado y asumible para las grandes empresas.

En materia de penas, una gran novedades que las multas se aplicarán en función del patrimonio del condenado. Se introducen los trabajos en beneficio de la comunidad y los arrestos de fin de semana en sustitución de las penas cortas de privación de libertad y se incorpora la libertad a prueba.

Los jueces podrán acordar que los beneficios penitenciarios se cuenten sobre el total de la pena cuando se trate de delitos graves como los de terrorismo, agresiones sexuales o contra el orden constitucional, si bien el juez de vigilancia, a la vista de la evolución del recluso, podrá cambiar tal acuerdo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Traspasos de competencias: Castilla y León ha recibido el traspaso de siete nuevas competencias, mientras que la comunidad de La Rioja recibe cinco competencias del Estado.

Nuevas titulaciones: el Gobierno aprobó 30 reales decretos que establecen los títulos de Formación Profesional en las ramas de administración e informática de gestión, fabricación mecánica, comercio y mercadotecnia y mantenimiento de vehículos de automoción. También ha quedado establecido el título de ingeniero de materiales (Más información en la página 21).

Relaciones exteriores: remitido a las Cortes el proyecto de ley orgánica para la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la UE de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia. También se han establecido relaciones diplomáticas con Macedonia, en la antigua Yugoslavia.

Nombramientos: secretario general para la CE, Francisco Javier Conde de Saro; embajador permanente en la CE, Francisco Javier Elorza; embajador en Suecia, Camilo Barcia -García-Villamil; miembros del Consejo del Banco de España, Eugenio Domingo Solans, José Manuel González-Páramo, Jesús Leguina Villa, Joaquín Muns Albuixech, Vicente Salas Fumás y Julio Segura Sánchez (más información en la página 37); secretario general de Turismo, Miguel Góngora Benítez de Lugo.

Otros acuerdos: acuerdo por el que quedan modificadas las tarifas de Telefónica (más información en la página 37).

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