Aznar exige el relevo de Eligio Hernández dentro de un paquete anticorrupción

El presidente del Partido Popular (PP), José María Aznar, ha decidido someter a Felipe González a la prueba del nueve en materia de corrupción. Además de exigirle su responsabilidad política por el ambiente generalizado de irregularidades y defraudación, y por los nombramientos de Mariano Rubio y de Luis Roldán, Aznar presentará como propuestas de resolución 11 iniciativas para aumentar el control de los fondos del Estado y la transparencia de la vida pública. También pretende reforzar los mecanismos de investigación y exigir el relevo de Eligio Hernández como fiscal general del Estado.

Aznar mantuvo ayer en su despacho de la sede central del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, 13, una reunión con los principales dirigentes, como tiene por costumbre cada lunes. Con posterioridad, se trasladó a su domicilio para ultimar el discurso que pronunciará en el Congreso de los Diputados, tras la intervención del presidente del Gobierno.Las 11 propuestas de resolución que planteará, según anunciaron ayer fuentes del Partido Popular, son las siguientes:

-Modificación de las condiciones para la designación del fiscal general del Estado. El Grupo Popular pretende que no pueda acceder a este cargo quien haya ejercido un cargo político o representativo en los 10 años anteriores y que el candidato pertenezca, en todo caso, a la carrera fiscal.

Fiscalía especial

-Nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Eligio Hernández, cuya designación está recurrida ante el Tribunal Supremo por una asociación de jueces, por considerar que no cumple los requisitos exigidos por la ley.

-Creación de una fiscalía especial anticorrupción, que se encargue de coordinar y agilizar las investigaciones de todos los casos que se conozcan.

-Proyecto de ley orgánica para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La finalidad sería conseguir que los casos de corrupción se investiguen y juzguen según criterios de prioridad y sumariedad.

-Proyecto de ley para estimular la colaboración con la justicia. La proposición pretende que los confidentes o testigos que colaboren con la justicia para desvelar o aclarar casos de corrupción obtengan garantías de que van a beneficiarse de la remisión condicional y no cumplan penas de cárcel en caso de que resulten condenados.

-Endurecimiento de la tipificación legal de los delitos económicos. José María Aznar y el Grupo Popular pretenden que se establezca la obligación legal de devolver los ingresos conseguidos de forma ilícita, previa condena si la hay.

-Formación inmediata de una comisión investigadora sobre el comportamiento del ex gobemador del Banco de España, Mariano Rubio. La petición formal para esta comisión ha sido presentada ya en el Congreso de los Diputados por los grupos socialista, popular y nacionalista catalán (CiU).

-Proyecto de ley sobre utilización de fondos reservados. El criterio de los populares es que debe limitarse el número de ministerios que usan estas partidas presupuestarias y establecer mecanismos de control parlamentario, con deber de reserva.

-Proyecto de ley de secretos oficiales, de forma que se garantice el control parlamentario sobre todas las materias que se declaren secretas, con el deber de reserva.

-Creación de una ponencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para el estudio y discusión del futuro de los servicios de espionaje y de su control parlamentario.

-Nueva normativa sobre comisiones de investigación parlamentarias. Aznar y los populares quieren que se institucionalice un procedimiento en virtud del cual el presidente de la Cámara regule el acceso de los miembros de comisiones de investigación a las materias clasificadas como reservadas o secretas, con el compromiso de absoluta reserva pública.