El fiscal contradice al PSOE y ve en el 'caso Atocha' perjuicio del dinero público

El principal informe de la Fiscalía de Madrid sobre el caso Atocha subraya que la Comunidad sí ha sufrido un daño económico por las irregularidades observadas en la adjudicación a la empresa Construcciones Atocha de una obra, en contra de lo que han manifestado estos días distintos portavoces del Gobierno regional. La fiscalía exculpa a la Comunidad de haber favorecido a esta constructora, pero imputa delitos de falsedad y estafa a tres personas, dos de ellas funcionarios autonómicos. La querella del fiscal -a cuyo texto ha tenido acceso EL PAÍS- habla de alteraciones de la verdad, como la emisión de una certificación de 72 millones para la compra de unos materiales inexistentes.

La querella se centra en sólo uno de los 60 casos de supuesta corrupción denunciados por el Partido Popular hace algo más de un año ante el fiscal jefe de Madrid. En concreto se refiere a la adjudicación en 1988 de la obra de construcción del laboratorio de sanidad animal de Algete (localidad de 11.000 habitantes). Los querellados son Pedro Ortega García, responsable de Construcciones Generales de Madrid y su Entorno (UTE Getesa-Copasa); José Alberto Bello Paz, aparejador de la Consejería de Agricultura y Cooperación -hoy sólo Cooperación-, y el ingeniero de caminos Vicente Martínez Castelló, entonces jefe de obras.

El texto del fiscal relata que el 29 de diciembre de 1988 la Consejería de Agricultura adjudicó "directamente" a UTE Getesa-Copasa la ejecución de las obras del citado laboratorio. El presupuesto de la obra era de 113 millones, y su plazo de ejecución, 10 meses. Un día después, el 30 de diciembre de 1988, según la querella, se firmó el correspondiente contrato entre la consejería y UTE Getesa-Copasa. Al fiscal le llama la atención que 20 días antes, el 10 de diciembre de 1988, el ingeniero director de la obra -Martínez Castelló- hubiese emitido la primera certificación de acopios para ese proyecto por un importe de 72 millones (el 63% del presupuesto total).

El Fiscal explica: "Es sorpredente que habiendo sido dictada una resolución de adjudicación de las obras el 29 de diciembre de 1988, y firmándose el contrato un día después, se hayan pedido [ya ese mismo día] acopios de materiales por importe de más de 72 millones de pesetas. ( ... ) En la certificación se falta a la verdad al expresar en ella [unos materiales] que no existen".

La consejería, al emitir esa certificación, se saltó la ley, ya que no "comprobó la existencia de los materiales acopiados. No existe ningún documento", añade el fiscal, "que acredite la recepción y examen de los materiales por parte del arquitecto director".

La fiscalía ha apreciado contradicciones en las declaraciones prestadas por los funcionarlos autonómicos encargados de supervisar este trabajo. Martínez Castelló explicó al respecto: "Yo no vi la existencia material de los acopios. Supuse que éstos existían... Creo que la certificación fue realizada por Alberto Bello, pues fue él quien me la dio a firmar, al margen de que él era el arquitecto de grado medio asignado a la obra". "Yo hice la certificación y se la presenté a la firma a Vicente Martínez", explicó por su parte Alberto Bello, el aparejador. "No vi los acopios ni las facturas, ni fui a ningún almacén a verlos".

Después de todo este lío, la empresa inicialmente adjudicataria de la obra, UTE Getesa-Copasa, suspendió pagos. Pero ya había recibido los 72 millones de pesetas, y los materiales no existían. En vista de ello, la Comunidad cedió esta adjudicación a nuevas empresas en meses posteriores y con sucesivos avales. El laboratorio, al final, nunca se llegó a levantar en Algete.

Así pues, la fiscalía concluye que hay "un desplazamiento patrimonial" que afecta a la Comunidad y a Seguros Albia, con el "consiguiente perjuicio para ambas, al pagar la primera y avalar la segunda unos acopios inexistentes".