Estado y aborto
HA BASTADO que el Gobierno haya anunciado su. propósito de proceder a una ampliación del actual. marco legal del aborto en un sentido más respetuoso, con la voluntad de la mujer para que la Iglesia salga al. paso con una beligerancia de conceptos que se creía. superada. Sobre tan controvertida cuestión puede opinarse de muchas maneras, pero lo que no cabe es negar al Estado legitimidad para legislar en la búsqueda de soluciones a los problemas que plantea. Sin embargo, esto es lo que ha hecho el presidente de los obispos españoles, monseñor Elías Yanes, en el discurso inaugural de la asamblea plenaria del episcopado.Este intento de expulsión de determinados espacios de actuación del Estado democrático -cuyas leyes expresan la mayoría social legítimamente representada en el Parlamento, y no el autoritario que impone su diktat, aunque sea revestido de legalidad- se hace, además, desde concepciones filosóficas y biológicas que distan de suscitar la unanimidad incluso entre los propios creyentes. Pero lo más preocupante es que la Iglesia, al tiempo que niega al Estado legitimidad para intervenir en esta materia, se erija ella misma en maestra y depositaria de una pretendida verdad natural, e incluso en autoridad científica con jurisdicción universal sobre creyentes y no creyentes. Seguir afirmando, como hace monseñor Yanes, que el embrión es "un ser humano inocente" constituye, sin duda, una opinión respetable, pero eminentemente ideológica, no científica, y, por otra parte, va contra la tradición jurídica de los códigos penal y civil.
En todo caso, la pretensión del Estado al intervenir en la regulación del aborto es más modesta: no busca imponer al ciudadano ninguna concepción filosófica, científica, ni mucho menos moral, sino facilitar, en el ámbito legal y sanitario que le compete, la solución pacífica, y no traumática, de los problemas personales y sociales que plantea. ¿O es que el Estado debe permanecer impasible ante el riesgo de muerte en los abortos clandestinos y los dramas personales que subyacen en la decisión, siempre dolorosa, de recurrir al aborto y, a continuación, perseguir penalmente a quienes osen buscar por su cuenta una salida a estas situaciones traumáticas y castigarlos con la cárcel? No basta predicar, como hace la Iglesia, la "comprensión y el respeto" para estas situaciones, ni tampoco reclamar a la sociedad y al Estado apoyo para "las iniciativas sociales de ayuda a las madres solteras". Sin duda, son actitudes necesarias, pero parciales y complementarias, y en ningún caso pueden proponerse seriamente como solución global del problema del aborto.
Precisamente de la preocupación por encontrar el marco legal más ajustado a los diversos aspectos que conforman la decisión del aborto (derecho de la mujer, protección del feto, información, asistencia sanitaria y asesoramiento médico, entre otros) parece nacer la idea del Gobierno de modificar o de ampliar la actual legislación despenalizadora de la interrupción voluntaria del embarazo desde la perspectiva de atribuir a la mujer la última palabra en la decisión y, correlativamente, de anular el papel preponderante que ejercen jueces y médicos. Lo contrario sería considerar que el Estado debe permanecer también impasible ante el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de muchos médicos con fines de boicoteo o ante la proliferación de querellas y de decisiones judiciales que convierten en un calvario el derecho a abortar en los tres supuestos legalmente vigentes (violación, malformación y peligro para la vida de las madres).
Nadie va a negar a la Iglesia su derecho a defender sus convicciones sobre el aborto. Lo que no puede hacer es pretender imponerlas a quienes no las comparten y cuestionar la legitimidad de que está investido el Estado democrático para establecer un marco de solución legal equilibrado y voluntario, al que pueda acogerse sin riesgo la mujer que decida abortar. La futura legislación no podrá obviar el problema de la protección del feto -bien jurídico protegible, pero no persona, como afirma el Tribunal Constitucional- o los asesoramientos médicos o de otro tipo que permitan a la mujer fundamentar su decisión con el máximo conocimiento de causa. Ésa es una salida humanista. Mientras que la idea de una verdad única que se impone frente al error múltiple es premoderna. Y en este caso, frecuentemente cruel para muchas mujeres.
