Urbanismo dice que no debía comunicar la ruina del teatro Lavapiés a la Comunidad

El teatro Lavapiés (en la calle de Tribulete) era un edificio con máxima protección urbanística, pero eso no impidió que hace un año comenzase a perder sus vigas. El Ayuntamiento declaró su ruina inminente y lo derribó en julio sin informar a la Comunidad de Madrid, según fuentes de esta Administración. El municipio reitera que sí comunicó el estado del teatro, aunque no tiene obligación de consultar este tipo de derribos: "Prima la seguridad sobre la burocracia".

El pasado jueves, la Gerencia Municipal de Urbanismo no encontró los documentos relativos a la ruina y demolición del Lavapiés [véase EL PAÍS del viernes 9], pero el lunes aparecieron papeles y fotografías.El 8 de octubre de 1992 el jefe de Conservación de Edificios Protegidos y Monumentos traspasó la responsabilidad del inmueble (propiedad municipal desde 1987) al departamento de Protección a la Edificación. Cinco meses después, el jefe de ese departamento, Fernando Macías, manifestó que había que declarar la ruina inminente del teatro y derribarlo. El gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, por delegación directa del alcalde, refrendó la decisión y ordenó que se tirase el edificio.

"En enero acudieron técnicos de la Comunidad a revisar el edificio, se pusieron el casco y tomaron fotografías", argumenta Macías. "No tenemos por qué informar de ruinas inminentes a la Comunidad, incluso hay sentencias del Tribunal Supremo que nos avalan, porque siempre prima la seguridad sobre la burocracia", añade. Este diario intentó infructuosamente ayer volver a contrastar la versión municipal con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad.

El informe previo al derribo señalaba: "El estado del inmueble es lamentable, pues se han producido hundimientos parciales importantísimos y varios incendios, así como saqueos y destrozos de toda índole". Macías añade: "La decoración estaba totalmente arrasada". Una de las vigas que sustentaba el escenario del teatro cayó (reventó su soporte de ladrillos) y ponía en peligro la estabilidad del resto del edificio, "lo que provocaría un derrumbamiento que afectaría a la vía pública, con el consiguiente riesgo de accidentes", concluye el informe.