Sentencias a beneficio de inventario

El juicio contra cinco guardias civiles acusados de torturar a Juan Carlos Garmendia Irazusta, que se celebrará el próximo mayo en la Audiencia Provincial de San Sebastián, es el último de los casos de este tipo de delitos que quedan pendientes de juzgar en Guipúzcoa. En Vizcaya están pendientes de celebrarse varios juicios por presuntas torturas de las que están acusados miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). En cinco ocasiones, agentes de las FSE destinados en Guipúzcoa han sido procesados por emplear métodos violentos durante los interrogatorios. Ocho guardias civiles condenados en firme por el Tribunal Supremo por torturadores han sido indultados por el Gobierno. Los condenados, algunos incluso sin recibir el perdón gubernamental, han continuado ascendiendo en el escalafón militar.

El guardia civil José Pérez Navarrete era teniente cuando torturó a Juana Goikoetxea e instructor durante los interrogatorios a Juan Carlos Garmendia Irazusta en 1982. Hoy, es comandante y asesor para la lucha contra ETA en la Secretaría de Estado para la Seguridad, que dirige Rafael Vera. José Pérez Navarrete y otros cuatro miembros más de la Guardia Civil recibieron el último indulto que ha firmado el Gobierno a agentes condenados en firme como torturadores.[El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, respondió recientemente en el Congreso de los Diputados a una pregunta del diputado de Eusko-Alkartasuna Joseba Azkarraga sobre las medidas de gracia otorgadas a estos miembros del instituto armado. De la Quadra justificó el indulto concedido a los guardias civiles con el argumento de que "el discurso de la reinserción" debe ser global. El titular de Justicia añadió que tras casi 12 años en que estos agentes han seguido destinados en sus mismos puestos no tendría mucho sentido aplicar ahora la pena de inhabilitación profesional a que fueron condenados. Sí deberán cumplir en cambio la pena de cárcel, de la que no fueron indultados].

Malestar

Los abogados que representan a las víctimas de estos casos no ocultan el malestar que supone que "con sentencias firmes prácticamente ninguno de los condenados ingrese en prisión, sean muy pocos son los que cumplan las penas de inhabilitación y otros sean indultados".

Una vez que los agentes José Pérez Navarrete, Emilio Marino Martín, Carlos Prieto Bragado, Isidro Donato Martínez y Juan Carlos Recaj Miguel sean juzgados en San Sebastián no quedará pendiente en Guipúzcoa ningún proceso por torturas.

Estos cinco guardias civiles serán juzgados por un delito que presuntamente cometieron en 1982. Juan Carlos Garmendia, de 31 años y natural de Ordizia (Guipúzcoa), fue golpeado por tres de esos agentes durante el tiempo que permaneció detenido, lo que le provocó "tumefacción traumática en ambos párpados, región frontal, pómulo izquierdo, nuca, región occipital y labio superior", según señala la acusación del fiscal. Las heridas que sufrió tardaron en curar 90 días.

A partir de 1984 ninguna de las denuncias por presuntas torturas que se han presentado en los juzgados donostiarras han llegado a la fase de acusación por parte del ministerio fiscal o de auto de procesamiento.

Antes de 1985

En Vizcaya, los casos por torturas que quedan pendientes de ser juzgados se refieren igualmente a delitos cometidos antes de 1985. Los policías y guardias civiles que han sido condenados en esa provincia por haber torturado a Tomás Linaza, Jesús Torre Altonaga y Bernardo Javier Onaindía han seguido en activo a pesar de las sentencias condenatorias dictadas contra ellos por la Audiencia Provincial de Bilbao. En el primero de los casos los nueve agentes implicados en el suceso están pendientes de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao condenaba al entonces comandante del cuartel de la Guardia Civil de La Salve José Martín Llevot a 12 años de inhabilitación profesional por desobediencia, denegación de auxilio a la Justicia y falsedad en documento público.

El capitán de la Guardia Civil Rafael Masa, condenado a seis años de inhabilitación profesional por prevaricación, ha ascendido en dos grados en el escalafón militar. Esa misma pena les fue impuesta a los agentes Ángel Fuentes Romero, Julián Pérez Montesinos, Diego Cerón García, Santiago López Rico y Miguel Caballero Sánchez.

Los guardias civiles Alfredo Serrano Pastor y Lucio de Sosa Robledo fueron condenados a siete meses de arresto. La última denuncia por torturas contra la Guardia Civil fue interpuesta en los juzgados de Bilbao en enero 1992 por el presunto miembro de la organización terrorista ETA Kepa Urra. Éste acusa a dos agentes del cuerpo de haberle maltratado cuando se encontraba internado después de su detención en un hospital bilbaíno. El caso se encuentra actualmente en fase de instrucción.