Un sindicato denuncia que desaparecen máquinas de la cárcel de Carabanchel
Gran parte de la maquinaria que funcionaba en los talleres de la antigua cárcel de jóvenes de Carabanchel ha desaparecido, según explica Juan Figueroa, vicepresidente nacional del sindicato Agrupación Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Figueroa asegura que la maquinaria, "que era bastante moderna", costó al Estado "entre 400 y 450 millones de pesetas". La versión oficial de la Administración de justicia se ciñó a la siguiente explicación: "Esta maquinaria la gestiona Trabajos Penitenciarios, organismo que está siendo investigado por la fiscalía y por la propia Inspección de Asuntos Penitenciarios".
Entre el material desaparecido figura la rotativa en la que el Ministerio de justicia imprimió, por ejemplo, la ley del divorcio, y en la que durante años editó su propio boletín oficial, siempre según ACAIP. La rotativa era manejada por los presos dentro de sus trabajos penitenciarios para la reducción de condena. Figueroa sospecha que todo este material "desapareció durante el tiempo en que la cárcel dejóvenes dejó de existir como tal [hace dos años] y se estuvo reformando para acoger a las reclusas de Yeserías". "Forma parte del paquete [de presuntas irregularidades] que se está investigando", matiza, a solicitud de este periódico, un portavoz de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios sin especificar el paradero actual de la maquinaria.
Sospechas sin pruebas
Para ACAIP, el sindicato más representativo en la cárcel de Carabanchel, la maquinaria que falta es la siguiente: La rotativa, la guillotina para cortar papel, la embaladora, las planchas, las cámaras, la plegadora y la maquinaria de fotocomposición". Los internos imprimieron con este material revistas, libros y todo tipo de folletos, destaca Figueroa. "Sólo la guillotina", agrega, "costó cerca de 40 millones de pesetas". No faltan sospechas sobre el paradero de esta maquinaria, "aunque no hay pruebas", aclara este sindicato. "Si no está en la cárcel de jóvenes, ¿dónde está?", se pregunta. El director de Carabanchel, José Antonio Moreta, aseguró hace varias semanas que en los talleres de la prisión sí hay una imprenta. Sin embargo, desconoce lo ocurrido en las instalaciones del pabellón de jóvenes -hoy reformado y convertido en cárcel de mujeres-, ya que su competencia se limita al recinto penitenciario masculino. "En la cárcel de mujeres también existe hoy una imprenta, pero no la rotativa y la demás maquinaria desaparecidas, que se encontraban en el mismo taller", subraya el sindicato ACAIP. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conversar con la actual directora de la prisión de mujeres de Carabanchel. "Cuando yo trabajé allí [en la cárcel de jóvenes] sí que estaba toda esa maquinaria; ahora no lo sé", indica una fuente del Ministerio de Justicia, organismo del que depende la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios. La rotativa y el resto de la maquinaria desapareció, según Figueroa, "antes de que fueran trasladadas allí las reclusas de Yeserías [en 1990]". Y agrega: "Supongo que desapareció durante el tiempo en que la prisión estuvo vacía y reformándose ante la llegada de las internas". Los tres máximos responsables de Trabajos Penitenciarios -el organismo que gestiona los talleres y que se encarga de buscar trabajo a los internos y comercializar sus productos- fueron apartados de sus puestos hace varios meses. Un informe reservado de Asuntos Penitenciarios revela presuntas irregularidades económicas en este organismo, según ha confirmado la propia secretaría general. Al gerente, Rafael Martínez Torrecilla, y al director de mercadotecnia, Javier Serrano Ibáñez, se les rescindió el contrato. También ha sido apartado de sus funciones en Trabajos Penitenciarios Carlos Romero Delgado, jefe del servicio de producción.
Asistencia Social
Por otro lado, una auditoría cuyo contenido se conoció a principios de este año revela que las cuentas de la Comisión de Asistencia Social de los centros penitenciarios de Madrid no están claras. Alrededor de 10 millones de pesetas del presupuesto de este organismo "no han sido debidamente justificados", indican fuentes del Ministerio de Justicia. "No se puede decir que alguien se los ha llevado, aunque lo cierto es que faltan justificantes por esa cantidad ", matizan. Esos 10 millones forman parte de un fondo de 500 millones librado en 1991 por Asuntos Penitenciarios para ayudar a los presos indigentes. Por ejemplo, a los que no tienen dinero para desplazarse a sus localidades de origen cuando obtienen un permiso carcelario o, simplemente, para comprar tabaco durante su periodo de cautiverio. El contenido de la auditoría llegó a Asuntos Penitenciarios a comienzos del presente año, y se elaboró a petición de María Jesús Miranda, poco después de que ésta asumiera la subdirección general de la comisión, agregan las citadas fuentes.
