La crisis del grupo KIO en España
La crisis del Grupo Torras, controlada por KIO, puede entrar hoy en una fase culminante si, definitivamente, se presenta la querella contra el anterior equipo gestor, encabezado por Javier de la Rosa. Esta querella, que se basa en cuatro delitos, denuncia al anterior equipo de haberse apropiado de alrededor de 55.000 millones de pesetas de forma irregular, entre ellos 8.000 por la venta de ICSA. Ayer, el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, negociaba en Kuwait un acuerdo en el que el emirato se comprometa a no presentar más suspensiones de pagos en España y a seguir invirtiendo. El PP, por su parte, calificó de irresponsable al Gobierno español.
KIO reclama al anterior equipo gestor de Torras 8.000 millones por la venta de ICSA
El grupo Kuwait Investment Office (KIO) reclama al anterior equipo gestor del Grupo Torras un total de 7.800 millones de pesetas obtenidos durante la venta de Industrial Cartonera (ICSA), empresa que acabó bajo el control de la sociedad irlandesa Jefferson Smurfit. La reclamación figura en la querella preparada por el bufete de José María Stampa para KIO y que este grupo anunció que entregaría hoy mismo. La mencionada cantidad de dinero se obtuvo en varias operaciones encadenadas en las que intervinieron instrumentales domiciliadas en Holanda y Gibraltar antes de que, finalmente, acabara en las manos del grupo irlandés Smurfit, que también compró el 35% de Inpacsa por otros 4.300 millones.La venta de ICSA (en total supuso unas plusvalías de 10.092 millones, de los que 2.100 están fuera de la reclamación) es uno de los ejemplos de "ganancias irregulares" aportados por los abogados en la querella, según la que el anterior equipo ganó irregularmente 55.000 millones. Dicha querella va dirigida contra el anterior equipo gestor de Torras, encabezado por el español Javier de la Rosa y los kuwaitíes Fahad Mohamed Al Sabah (ex presidente de KIO) y Fouad J. Jaffar (ex vicepresidente de KIO). La operación se realizó en 1988. El Grupo Torras inició la venta de ICSA mediante el traspaso a Industrias del Papel y de la Celulosa (Inpacsa), sociedad en la que Torras tenía el 96%. El precio de la operación se fijó en 1.908 millones de pesetas, de los que Inpacsa pagó únicamente 500, dejando el resto aplazado. Según el texto, no hay constancia de que los 1.408 millones restantes se hayan desembolsado.Paraísos fiscales
Tras la venta a Inpacsa, la empresa ICSA comienza un peregrinar por sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y que es puesto en entredicho en las investigaciones realizadas por los despachos de abogados de José María Stampa y el británico de Stephenson Harwood. El primer salto se produce hacia Holanda. Inpacsa vende ICSA a una sociedad denominada Croesus por 4.200 millones de pesetas. Posteriormente -con la financiación y asesoramiento del banco de inversiones Salomon Brothers (a través de una sociedad denominada Cresthates)-, Croesus vende ICSA. Primero lo hace a Doferas, sociedad intermediaria con domicilio en Gibraltar, que compra una opción de compra de ICSA por la misma cantidad de 4.200 millones más 20 millones que paga aparte.
El mismo día, Doferas vende esa opción de compra a Wantley, otra firma gibraltareña, que será la que definitivamente venda ICSA a Jefferson Smurfit.
La compra aparece en el registro por una cantidad de 4.200 millones de pesetas, según los documentos aportados por KIO para argumentar la querella. Esa cantidad, en concreto, fue parte de lo que pagó Jefferson Smurfit; pero a ella hay que añadir 7.762 millones restantes que constituyeron la opción de compra. Esta cifra es la que se reclama.
Según estas fuentes, las sociedades domiciliadas en los paraísos fiscales son propiedad de las personas integrantes del equipo anterior equipo gestor de Torras. El principal responsable de este equipo, Javier de la Rosa, ha rechazado tal aseveración afirmando que pertenecen a Torras.
Fuentes de su máxima confianza, asimismo, han subrayado que todas esas operaciones se hicieron por mandato y bajo la supervisión de la oficina de KIO en. Londres "por lo que tenían cumplida información". Al frente, KIO en Londres figuraban Al Sabah y Jaffar, que son dos de las siete personas hacia los que va dirigida la querella.
Los portavoces oficiales de KIO en España aseguran que la querella será presentada hoy mismo en Madrid, aunque reconocen que por cuestiones de trámite -el visto bueno definitivo lo dará el fiscal general de Kuwait, para el que se han traducido los 170 folios al árabe- puede retrasarse.
