Jueces para la Democracia reclama la edad penal a los 18 años
Jueces para la Democracia reprocha al Gobierno que mantenga en el proyecto de nuevo Código Penal la edad penal a los 16 años, en lugar de a los 18, y la falta de un sistema de plazos para el aborto en vez de la "deficiente y vergonzante" ampliación de la despenalización a los casos de "angustia" de la mujer. No obstante, la asociación progresista da su "apoyo crítico" al proyecto de Código Penal por el anacronismo del actual.El documento que Jueces para la Democracia remitirá mañana a los grupos parlamentarios estima que el mantenimiento de la edad penal a los 16 años "no se corresponde ni con el reconocimiento de la dignidad personal del joven ni con la patente realidad criminológica cotidiana". A los 16 años no se puede votar ni hacer un contrato, pero sí ir a la cárcel. La asociación cree que la edad mínima para la aplicación del Código Penal debe ser 18 años, según el Convenio de la ONU sobre los Derechos del Niño, ratificado por España.
Respecto al aborto, la asociaón reitera su posición en favor de una ley de plazos y en contra del vigente sistema de indicaciones, que propicia la investigación criminal sobre la afectada. Recuerda que el sistema de plazos da mayor seguridad jurídica á la mujer y elimina los abortos clandestinos, al tiempo que pondera la vida en formación", haciéndola prevalecer sobre la voluntad de la mujer en avanzado estado de gestación.
Degradante para la mujer
El supuesto de "angustia o ansiedad de la gestante" introducido por el Gobierno es evaluado como "un avance respecto a la situación actual", pero "jurídicamente defectuoso y socialmente vergonzante". Critica que tal fórmula no evita la reacción social de los sectores antiabortistas ni soluciona el problema de fondo, mientras que degrada la dignidad de la mujer.Jueces para la Democracia se muestra especialmente crítica con la regulación en el código de la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración. El artículo 122 del proyecto prevé la responsabilidad patrimonial de las distintas administraciones por los delitos de sus autoridades o agentes, pero exige reclamarla directamente de la Administración o en un procedimiento contencioso-administrativo, y, en todo caso, prohíbe al juez penal "decidir sobre la relación entre la conducta del culpable y el servicio público de que se trate".
Tal regulación -aplicable a asuntos como el caso Amedo"- debería ser suprimida", dice la asociación, "pues no existe causa alguna que lo justifique y podría violar el principio de igualdad". El portavoz de Jueces para la Democracia, Cándido Conde Pumpido, estima: "Más que ante el código de la democracia, parece que nos hallamos ante un código de la burocracia".
