El consejo de Torras debate en Londres el abandono de España tras suspender pagos
El Consejo de Administración del grupo Torras, controlado por KIO, debate desde ayer en Londres su futura actuación en tres frentes: el abandono de España previa presentación de suspensión de pagos, iniciar acciones legales contra los anteriores ejecutivos y ultimar la venta de algunas filiales (FESA-Enfersa y Río Tinto Minera) para las que hay principio de acuerdo. El consejo continuará hoy.
Los miembros del consejo de administración del Grupo Torras se encuentran en Londres desde el pasado lunes. La posible suspensión de pagos toma cada vez más visos de realidad, según han informado fuentes cercanas al grupo. Según estas fuentes, los responsables de KIO han empezado incluso a barajar el nombre, de Peat & Marwick -su auditor en la mayor parte de sus empresas- como futuro interventor de la suspensión. Fuentes de este grupo afirmaron que desconocían esa posibilidad.Se da la circunstancia de que Torras es, a la vez, principal acreedor y principal accionista de sus empresas. No obstante, la propuesta de un interventor tendría que ser respaldada por el resto de acreedores. De no ser así, el juez debería nombrar el interventor, si la suspensión llegara a concretarse. En cualquier caso , esos interventores serían los encargados de gestionar el futuro del grupo, que emplea a 50.000 trabajadores.
La intención de emprender acciones legales contra los anteriores gestores del Grupo Torras, encabezados por Javier de la Rosa, fue transmitida directamente al ministro de Economía, Carlos Solchaga, por una delegación de KIO encabezada por el viceministro de Finanzas de Kuwait el pasado viernes. Los responsables kuwaitíes transmitieron, asimismo, su inquietud por las dificultades de sus inversiones en España y plantearon medidas drásticas, como la suspensión de pagos (véase EL PAÍS de ayer).
Por otra parte, los sindicatos de FESA-Enfersa dieron a conocer ayer el plan industrial del acuerdo para la venta del 55% del capital de la empresa de fertilizantes a la multinacional norteamericana Freeport McMoran.
Según los sindicatos, el plan implica la derogación de los planes industriales de FESA-Enfersa vigentes hasta 1995 y la reducción de la facturación hasta 56.000 millones. Prevé también suprimir 1.854 empleos (el 46%) y cerrar cinco factorías.
