IU se opone a la condecoración del guardia que mató a una manifestante

Izquierda Unida ha expresado su oposición a la condecoración que le fue impuesta el pasado día 12 al guardia civil que el 3 de junio de 1979 mató a Gladys del Estal Ferreño, de 22 años, cuando participaba en una manifestación antinuclear celebrada en Tudela (Navarra). Al agente que le produjo la muerte le fue concedida la Cruz de la orden del Mérito Militar. Según la versión oficial facilitada entonces, Gladys del Estal murió de un disparo cuando unos manifestantes que se oponían a la instalación de una central nuclear intentaron arrebatar la metralleta un guardia civil. Sin embargo, una comisión investigadora dictaminó después que "dicha muerte se produjo sin ningún tipo de provocación", según afirma IU. El parlamentario foral Martín Landa Marco, denunciante del caso de la medalla impuesta ahora al guardia civil, fue "amenazado de muerte en aquellas fechas por su actitud de llevar a los tribunales a los culpables".Landa afirma que la distinción concedida al agente implicado en la muerte de Gladys del Estal "no es un hecho aislado, sino que forma parte de una línea de actuación del Ministerio del Interior". El parlamentario agrega que "mientras se reprime indiscriminadamente a un sindicato democrático de la Guardia Civil y se aparta de funciones directivas a policías de marcada trayectoria democrática, se condecora a algunos funcionarios cuyas actuaciones son cuestionadas en un Estado de Derecho".

IU se ha dirigido al delegado del Gobierno en Navarra, Jesús García Villoslada-Quintanilla, para "saber los méritos por los cuales el guardia ha sido acreedor a la Cruz de la Orden del Mérito militar", que le fue impuesta el pasado día 12, festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

La muerte de Gladys del Estal causó gran impacto social y originó posteriormente una huelga general en el País Vasco.

El caso de los capitanes

Por otro lado, Antonio Romero, diputado de IU, volvió ayer a formular diversas, preguntas por escrito al ministro del Interior, José Luis Corcuera, respecto a la situación de José Antonio Hernández del Barco y José Pérez Navarrete, capitanes de la Guardia Civil condenados por torturas a un detenido. El primero trabaja actualmente en el Servicio de Información del cuerpo y el otro es asesor de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad.Corcuera deberá responder así por segunda vez a la misma pregunta, ya que el pasado día 7 compareció en el Congreso por la misma cuestión y se limitó a contestar con un galimatías al ser interpelado sobre si ambos oficiales han sido separados del cuerpo. Tampoco aclaró en esa ocasión si uno de los guardias había viajado a Ecuador acompañando a Rafael Vera en una misión oficial. El ministro negó que dos jefes de la Guardia Civil, implicados en el 23-F, actuaran como examinadores del ascenso de curso a cabo.