Pensiones de Presidentes
España se une al grupo de países que ha regulado priveligos para sus ex responsables politicos
La suerte que ha aguardado a los políticos cuando han cesado en la dirección de los asuntos de su país ha sido dispar. Thomas Jefferson, el padre de la Constitución norteamericana, murió arruinado. Una viuda, Carmen Polo de Franco, llegó a cobrar en vida, durante más de 10 años, una pensión superior al sueldo del presidente del Gobierno. En el Reino Unido se debate si es procedente o no que el hijo de Margaret. Thatcher se aproveche del título nobiliario con el que la corona premia a todos los que dejan de ser primeros ministros.
Cada país establece de manera escrita o asumida un estatuto que salvaguarde la dignidad de quienes han trabajado al frente de su destino. España acaba de aprobarlo con carácter vitalicio. El reconocimiento de ciertos privilegios a quienes han desempeñado la presidencia del Gobierno en España no es nuevo. Es una práctica establecida por la I República a finales del siglo pasado que se quebró con la guerra civil y las décadas siguientes de la dictadura franquista.
A la muerte del general Franco, los derechos pasivos que acreditó durante su ejecutoria profesional recayeron sobre su viuda, Carmen Polo. No eran una minucia: 179.999 pesetas de pensión; 478.969 pesetas al amparo de una ley especial, la 8/76; 75.930 pesetas por ser viuda de capitán general; 66.640 por los derechos de una cruz de San Fernando; dos pagas de 26.656 pesetas por otras tantas medallas militares, y 40.110 por un concepto de escalafón. Por todos los conceptos, 894.960 pesetas mensuales de las del año 1985. En total líquido, por 14 mensualidades: 12.529.440 pesetas, lo que suponía un salario anual superior en 4.265.964 pesetas a lo que ganaba entonces el presidente del Gobierno, Felipe González.
Es dificil que cualquier ex presidente del futuro supere en pesetas reales esas cantidades. El último decreto que regula el Estatuto de los ex presidentes establece una pensión indemnizatoria para quienes ahora o en el futuro tengan esta condición, similar a la que se aplica a los ex ministros, y que asciende aproximadamente al 80% del sueldo que han percibido en activo aplicable durante dos años como máximo. Aunque en el decreto del estatuto precedente de 1983 se establecía para su vigencia un plazo de cuatro años, los dos ex presidentes españoles vivos han gozado de varias de sus prerrogativas, aunque el decreto expirara en 1985. Leopoldo Calvo Sotelo cobró su pensión durante 15 meses, y Suárez, durante dos años. Las dotaciones para oficina se han seguido aplicando en la práctica, aunque no estuvieran amparadas por la ley, según un portavoz de Presidencia del Gobierno.
Sin controversias
La publicación del estatuto para los ex presidentes apenas ha suscitado controversias. Se ocultó su inclusión entre los temas tratados por el Consejo de Ministros que lo aprobó. Donde más eco ha tenido es en Bélgica, el único país europeo que deja en la calle a sus ex primeros ministros. El último en abandonar el puesto, Wilfried Martens, intentó sin éxito que el Parlamento aprobara un estatuto. Nada más saber que el de España salía adelante, el gabinete del primer rministro Jean Luc Dehaene solicitó inmediatamente una copia para conocer su contenido.
En la vecina Francia, Giscard d'Estaing, el único ex presidente vivo, dispone de un sueldo vitalicio equivalente al de un consejero de Estado en ejercicio, lo que significa unos 350.000 francos al año, más otros 350.000 francos (unos 13 millones de pesetas anuales en total) en virtud de su condición de miembros del Consejo Constitucional.
En Italia no existen normas al respecto, pero tanto el presidente de la República como el jefe del Gobierno son nombrados senadores vitalicios, por lo que se les asegura una pensión mensual de un millón de pesetas, más dietas. Se les otorga posición relevante en el protocolo y se les consulta en las crisis políticas y en las formaciones de Gobierno.
Los ex primeros ministros británicos perciben una pensión vitalicia del 8% de su sueldo (unos 14 millones de pesetas) anual a partir del momento en que ceden Downing Street a un nuevo inquilino. Su importe ha sido actualizado por John Major, que asignó 29.883 libras anuales extra para gastos de oficina de los ex a la vista de las 60.000 cartas que recibía Margaret Thatcher, pero sigue siendo una de las más bajas de Europa. El cese suele ir acompañado de un título nobiliario y un escaño en el Parlamento.
En Alemania, los ex cancilleres tienen derecho de por vida a entre un 70% y un 75% de su salarlo, dependiendo de la duración de su gestión. Esto supone que un ex canciller cobra entre 17.000 y 20.000 marcos (1.248.000 pesetas) al mes.
