El constructor Méndez cometió irregularidades por 3.809 millones
Las irregularidades urbanísticas cometidas por el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado a siete años de cárcel en el caso de la construcción de Burgos, están valoradas en 3.809 millones de pesetas, según el informe pericial del Colegio de Arquitectos que manejaron los jueces.Edificar más volumen de lo autorizado, levantar una planta de más, construir garajes sin autorización bajo suelos de dominio público o edificar sobre terrenos de calzadas e invadir parcialmente una zona destinada a parque y guardería fueron algunas de las irregularidades cometidas por el constructor Méndez Pozo con el visto bueno municipal. El Ayuntamiento llegó a conceder la licencia de construcción en base al plan de ordenación cuando éste aún no estaba aprobado. Méndez llegó a edificar incluso sin visado policial.
Estas irregularidades, cometidas entre 1981 y 1986, están recogidas y valoradas en el informe elaborado por la delegación en Burgos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Este organismo actuó como perito en el proceso por el que también ha sido condenado el alcalde de la ciudad José María Peña. La sentencia no recoge cuantificaciones económicas.
Plusvalía
El informe de los peritos cuantifica el valor actual de las irregularidades en 3.809 millones de pesetas sin tener en cuenta la plusvalía que las infracciones generaron a la construcción legal.
El caso más destacado es el de la parcela denominada S-7, donde las irregularidades del planeamiento municipal permitieron un exceso de volumen valorado en 1.034 millones de pesetas.
Una irregularidad del planeamiento urbanístico sobre la parcela llamada G-2 bis, permitió a Méndez Pozo un incremento de edificabilidad valorado en 759 millones de pesetas.
En el solar denominado Continental, la licencia de construcción -concedida antes de que estuvieran aprobadas las nuevas normas urbanísticas, pero otorgada en función de éstas- permitió al constructor un exceso de volumen valorado en 378 millones.
El informe también recoge un caso sobre el que el Tribunal Supremo ha ordenado demolición. Se trata del exceso de volumen en el edificio de Las Siervas, valorado en 39 millones de pesetas.
A pesar de que la sentencia declara nulos los acuerdos municipales que permitieron las irregularidades, fuentes del Tribunal burgalés que juzgó el caso, considera poco probable que el, Supremo ordene demoliciones cuando decida sobre los recursos de los condenados.
