Altos cargos socialistas y autonómicos dicen que un recorte en Sanidad sería un suicidio electoral

Madrid - 08 may 1992 - 00:00CEST

Los ministerios de Sanidad y Economía mantienen un duro pulso sobre la cuantía del déficit acumulado por el sistema sanitario, pues de esta cifra depende que se produzca o no un recorte de los fondos destinados a la asistencia sanitaria. Hacienda propone una valoración del déficit previsto hasta 1992 muy Inferior a lo que le estima tanto por Sanidad como por las distintas autonomías. De conseguir imponer su criterio, Hacienda lograrla consumar un serio recorte del presupuesto sanitario real. Altos cargos socialistas y autonómicos afirman que eso sería "un suicidio electoral".

El ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, pretende que la espinosa cuestión se dirima en las máximas instancias del Gobierno. De ello trató el miércoles en una reunión mantenida con el vicepresidente, Narcís Serra. Altos cargos de las autonomías y del propio partido socialista afirman que un recorte en sanidad sería "un suicidio electoral".

En estos momentos, la batalla principal se centra en la desviación prevista para 1992 sobre el presupuesto total del Insalud, que asciende a 2,389 billones, de los que 1, 170 billones son directamente gestionados por este organismo autónomo y 1,218 billones por las comunidades autónomas con competencias en la materia. Hacienda estima en sólo 170.000 millones de pesetas la desviación prevista para 1992, mientras que diversas fuentes de Sanidad y de las comunidades autonómas la sitúan en más de 350.000 millones. Las previsiones de Hacienda representarían una desviación de apenas un 7, 1 %, cuando en los últimos ejercicios no ha sido inferior al 11, 5% y algunos años ha superado el l4%.

Este dato es fundamental, pues el presupuesto que se reconozca como real para 1992 será el punto de partida para establecer la financiación de la sanidad de los próximos años. De esta forma Hacienda lograría imponer el recorte por la vía de no dejar aflorar todo el déficit acumulado.

El ministro niega

Pero, además, el equipo de Hacienda encargado de efectuar esta valoración encabezado por el secretario de Estado, Antonio Zabalza, sostiene que el déficit acumulado hasta diciembre de 1991 asciende a 570.000 millones de pesetas. Sin embargo, tanto fuentes del Ministerio de Sanidad como de las autonomías estiman que es mayor.

José Antonio Griñán ha salido al paso de los insistentes rumores de recorte afirmando que no va a haber tal. Pero si se impusiera una valoración de la desviación del Insalud por debajo de la real, se estaría produciendo en realidad un recorte camuflado, ya que el sistema sanitario tendría que funcionar en 1993 con la cantidad presupuestada, que sería inferior en por lo menos 200.000 millones a la realmente gastada en 1992, a lo cual habría que sumar el incremento de costes de 1993.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Pedro Sabando, no pierde oportunidad de afirmar que sería un error aplicar a la sanidad el plan de convergencia y defender la política contraria. Sabando afirmó hace una semana en Canarias que incluso incrementando en un 20% el actual gasto sanitario estaríamos un 40% por debajo de nuestros vecinos europeos".

Hasta ahora, el hecho de presupuestar deliberadamente por debajo del gasto real previsto no tenía repercusión práctica inmediata. Los desfases que inevitablemente se producían en los últimos meses del año se cubrían, una parte con créditos extraordinarios y avances sobre el siguiente presupuesto, y otra dejando de pagar a los proveedores. Pero si en junio próximo se hace un borrón y cuenta nueva oficial, como se ha anunciado, es precisamente a cambio del compromiso de un control estricto en el cumplimiento del presupuesto, y en esto Hacienda no está dispuesta a ceder, pues de ello depende que el plan de convergencia alcance sus objetivos.

Eso quiere decir que los gestores de los servicios sanitarios dispondrían de menos dinero en efectivo y no tendrían opción a endeudarse. De este modo, el recorte acabaría repercutiendo necesariamente en la cantidad y calidad de las prestaciones sanitarias.

Carga financiera

Otro frente de conflicto lo constituye la fórmula propuesta por Zabalza para enjugar el déficit acumulado. Hacienda pretende que la carga financiera del crédito extraordinario a tres años anunciado para el mes de junio próximo repercuta sobre las comunidades autónomas. A este respecto, Xavier Trias ya ha indicado que la propuesta es discriminatoria e injusta, puesto que el plan no prevé que el Insalud pague intereses y, en cambio, sí deben pagarlos las comunidades autonómas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, ello significaría, según Trias, que -casi una tercera parte del dinero que le correspondería para enjugar el déficit se iría en el pago de intereses.

Este planteamiento ha dejado al ministro Griñán en una situación muy incómodamente al Consejo Interterritorial, máximo órgano de coordinación, en el que están representadas todas las comunidades autónomas con competencias (Cataluña, Andalucía, Valencia, País Vasco, Navarra y Galicia). Haciendo honor a su procedencia, como ex consejero de Sanidad de la comunidad autónoma de Andalucía, lo primero que hizo Griñán tras jurar el cargo fue declarse ministro de Sanidad de toda España y no sólo del Insalud.

Una factura capaz de tumbar un Gobierno

No se atreverán. La factura electoral de un eventual recorte sanitario sería capaz de tumbar un Gobierno. En esta frase, con diferentes variantes, condensan sus. esperanzas los máximos gestores sanitarios, centrales y autonómicos, incluidos destacados dirigentes del partido en el Gobierno que prefieren permanecer en el anonimato. Su argumento es que si los recortes en el desempleo han provocado una fuerte respuesta, social, un posible recorte en las prestaciones. sanitarias por la reducción del presupuesto sería como sembrar el país de pólvora.

Argumentan que si el recorte en el desempleo afecta, como mucho, al 15,4% de la población activa que está desempleada, los efectos de un recorte sanitario alcanzarían a toda la población. Y si en el caso del desempleo existía un cierto consenso previo sobre la existencia de un importante fraude -y la necesidad de evitarlo, en el -caso de la sanidad, si alguna idea predomina es la de que debe ser mejorada con urgencia.

La única restricción en las prestaciones anunciada hasta ahora por el ministro de Sanidad es la relativa a farmacia, mediante un decreto que limitará el número de fármacos cubiertos por la Seguridad Social. El plan de empresa anunciado se refiere a las reformas de gestión y organización que pretende iniciar el ministro Griñán con el fin de gastar mejor y destinar los ahorros logrados en cubrir las muchas carencias que todavía tiene el sistema.

Nadie se ha atrevido, pues, de momento a plantear formalmente ninguna reducción en las prestaciones. De hecho, la política que se propone aplicar el ministro Griñán parte de la premisa de que en 1993 el presupuesto oficial se corresponderá Pon el gasto real previsto, incrementado en un punto.