Inseguridad jurídica de la mujer
A medida que pasan los días, nos vamos olvidando de la información de su periódico y de todos los medios de comunicación, aparecida el 18 de marzo en curso, relativa al parricidio de Rosario Conejo, su bebé y su hermano por la acción de un marido enfurecido, Manuel Urría.Como mujeres, ciudadanas y abogadas que durante muchos años hemos venido denunciando la indefensión de las mujeres que sufren malos tratos y amenazas de muerte, y terminan en la forma que ha terminado esta joven, le agradeceríamos publicar esta carta a fin de que, al menos, después de muerta, se reconozca que Rosario fue víctima de la falta de tutela que viven las mujeres que intentan ejercer los derechos que, después de siglos, les reconocen las leyes.
Como se ha informado, esta joven, de 18 años, el 13 de marzo denunció ante la comisaría que su marido la tenía encerrada desde hacía más de 15 días en su domicilio, hecho que el Código Penal califica de "detención ilegal" y que castiga con la pena de prisión mayor en su grado máximo (10 años y un día a 12 años).
También denunció "amenazas de muerte", delito que el Código Penal castiga con pena de arresto mayor (un mes y un día a seis meses), de cuya veracidad, desgraciadamente, hoy no podemos dudar y debe haber sido muy convincente para la policía, ya que, excepcionalmente, detuvo al marido y al día siguiente lo puso a disposición judicial. El mismo día 14 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de L'Hospitalet, sin someter a ningún examen médico al posible autor de actos tan repudiables y que podrían sugerir un estado mental alterado, ni hacer mayores averiguaciones, ni constatar con los vecinos o la familia la posible veracidad de la privación de libertad -que en forma tan enfática se garantiza en todas las constituciones de países civilizados y en todos los tratados -internacionales sobre protección a los derechos humanos-, lo dejó en libertad incondicional.
Demás está decir, que, al parecer, la juez tampoco dio importancia a la denuncia de "malos tratos" que hizo esta pobre joven ("pobre de protección"), hecho que debería haber suscitado una gran preocupación, sobre todo, porque estaba encerrada, o sea, a merced de su agresor e impedida absolutamente de solicitar auxilio o salir de su domicilio en petición de amparo, como el que, inútilmente, buscó apenas pudo fugarse de su encierro.
Si analizamos la inactividad de la juez, tenemos que concluir que no le creyó. No tuvo motivos suficientes para estimar que era posible que esta joven esposa estuviera sometida a estas agresio-
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nes y amenazas. No se piense que esta magistrada es una excepción. Una denuncia de una mujer contra su marido es siempre "sospechosa de falsa", cuando debería ser "sospechosa de verdadera", por la información que día a día tenemos no sólo las autoridades policiales y judiciales, sino toda la ciudadanía y los medios, de los miles de mujeres maltratadas por sus maridos y de cientos de casos de asesinadas en las formas más brutales: quemadas, defenestradas, acuchilladas aun embarazadas, etcétera, un largo etcétera.
Al parecer, sufrimos lo que los norteamericanos llaman brain washed (cerebro lavado). Estos datos resbalan por los cerebros y las mentes. No se procesan y no permiten que, a partir de ellos, se puedan tomar medidas tutelares para impedirlos.
Es curioso, pero los jueces no tienen las mismas dudas frente a las agresiones a la propiedad, donde, en la mayoría de los casos, la sola denuncia y, aun dudosa identificación del presunto culpable por el que se dice víctima de un delito, basta para que se decreten las detenciones o la prisión provisional que los jueces instructores están autorizados para imponer en los casos en que se denuncien delitos castigados con penas superiores a las de prisión menor (seis meses y un día a seis años). Para acreditar esta afirmación podríamos aportar miles de casos. Si los imputados son gitanos o drogadictos, las dudas en tomar estas medidas de prevención son aún menores.
La resolución de la juez fue fatal para Rosario Conejo. Dos días después cumplió su amenaza de muerte, matándola a ella, a su hijo y a su hermano. Después se suicidó. ¡Tan loco estaba! Y, sin embargo, a él, sí le creyeron. "¿Qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás?".
La mujer ha alcanzado la igualdad en la ley, pero está muy lejos de alcanzar la igualdad ante la ley. Por eso no tiene seguridad jurídica, y nunca las abogadas podemos adelantarles cuál puede ser la decisión judicial, aunque la letra de la ley sea clara y aunque existan precedentes jurisprudenciales.
Nos preguntamos: ¿cuántas Rosarios van a tener que encontrar su reposo en la muerte para que las mujeres vivas obtengan la tutela que, sin darse cuenta, sin pedirlo ni exigirlo, gozan sus maridos?-
y 26 abogadas más. Asociación de Mujeres Juristas.
