El fiscal acusa a los implicados en el 'caso de la construcción' de encarecer la vivienda
El fiscal José Antonio Sánchez Garrido acusó ayer a los principales implicados en el caso de la construcción de propiciar el encarecimiento de la vivienda en Burgos. El fiscal pretende demostrar el delito continuado de prevaricación que atribuye al alcalde de Burgos, José María Peña (PP), y a otros corporativos acusados de favorecer al constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, para el que pide 12 años de cárcel.Durante la lectura de su informe, el fiscal afirmó que el empresario Méndez Pozo, debido al trato de favor que recibió desde el Ayuntamiento de Burgos, determinó la suerte de los demás constructores, "pues el Ayuntamiento luego no podía negar a los demás lo que con motivo de una promoción del señor Méndez Pozo se había visto abocado a aceptar".El fiscal continuó con la lectura de su informe: "Mientras tanto, los compradores de viviendas permanecían ignorantes de todo ello, aspirando a comprar un piso en un mercado cada vez más caro".
Según el fiscal, se concedieron licencias ilegales que constituían resoluciones manifiestamente injustas, actuación de la que principalmente responsabilizó a José María Peña, al ex teniente de alcalde José María Codón Herrera y al concejal Manuel Muñoz Guillén (para los que pide 10 años de inhabilitación).
