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Las actas por 'primas únicas' de La Caixa superan los 37.000 millones previstos por la entidad

La reclamación final que Hacienda presentará a La Caixa por el contencioso de las primas únicas superará ampliamente las previsiones efectuadas por la entidad, que las cifró en 37.000 millones de pesetas, según distintas fuentes. Esta cantidad se refiere exclusivamente a dos actas por un tipo de productos, la llamada libreta KDUK. Fuentes conocedoras del proceso señalan que el montante de las 10 actas levantadas podría superar los 160.000 millones. Esta cantidad podría rebajarse tras oír las alegaciones de La Caixa. Hacienda, por su parte, se niega a dar información sobre las inspecciones abiertas contra particulares.

La entidad, sin embargo, asegura que la reclamación de Hacienda sólo asciende, en estos momentos, a 37.000 millones por la llamada libreta KDUK y que no habrá más reclamaciones. El director general de la entidad, José Vilarasau, declaró a finales del pasado mes que la entidad había efectuado unas provisiones de 58.000 millones de pesetas para cubrir las reclamaciones por primas únicas y las antiguas PTI.Las fuentes consultadas aseguran que existe un "pacto de silencio" entre altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda y la dirección de La Caixa, para que no se dé a conocer la cuantía provisional a que asciende el total de las reclamaciones.

Esta discreción -de la que no se han beneficiado otras entidades supuestamente implicadas en el fraude de las primas únicas- permitiría a los actuales gestores de La Caixa superar la asamblea del próximo día 27, donde se renovará parte de los órganos rectores, con sólo una parte de la dimensión del problema. Esta versión es totalmente rechazada por los responsables de la entidad financiera.

Diez actas

Las reclamaciones, que provisionalmente se elevan a 160.000 millones de pesetas, corresponden a un total de diez actas por operaciones realizadas durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989 en concepto de retenciones no practicadas en su colocación de diversos productos, más los intereses de demora y las sanciones. Éstas oscilan entre el 150% y el 250%, según los casos.

La recta final de este proceso se inició, según estas fuentes, el pasado 31 de enero, fecha en la que se comunicó a la entidad el levantamiento de las diez actas, tras más de dos años de trabajo de la inspección. La entidad, según estas fuentes, firmó en conformidad un acta correspondiente a las retenciones e intereses de demora de la libreta KDUK (16.000 millones de pesetas) y en disconformidad otro acta correspondiente a las sanciones (otros 21.000 millones de pesetas).

Pero además existen otras ocho actas atribuidas en su mayoría a las operaciones realizadas mediante la llamada libreta 2.000 que, según estas fuentes, la entidad ha firmado totalmente en disconformidad. La Caixa, por su parte, asegura que sólo tiene conocimiento de la reclamación correspondiente a la libreta KDUK y niega que existan las actas sobre la libreta 2.000.

La entidad afirma que, en el momento más álgido, los recursos obtenidos a través de estos productos alcanzaron los 800.000 millones de pesetas, de los cuales unos 600.000 correspondieron a la libreta 2.000 y el resto a la KDUK con algunos flecos de otros productos menos relevantes. La Caixa ha sido, según ha manifestado en reiteradas ocasiones el propio Ministerio de Hacienda, la entidad que mayores recursos captó a través de estas complicadas operaciones, que están a mitad de camino entre un producto asegurador y un producto financiero.

De hecho, la inspección, que depende del secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, ha encontrado a lo largo de estos dos años, grandes dificultades para llegar a determinar en cada uno de los variados productos de La Caixa su verdadera y auténtica naturaleza. Las fuentes de la inspección consultadas durante todo el proceso aseguran que los productos de La Caixa son un verdadero prodigio de la llamada ingeniería financiera, al contrario que los de otras entidades, que han sido menos cuidadosas al respecto.

La diferencia es que, si se trata de un seguro, no estaría sometido a retención como rendimiento del capital -entre el 18% y el 25%, según la normativa vigente en cada año- y, si es un producto financiero, la entidad estaría obligada a ingresar la retención que no practicó en su momento. Este sería el motivo de la actual reclamación de Hacienda ya que en principio, se ha considerado que la mayor parte de estos productos son de naturaleza financiera y no un seguro.

Contradicciones

La Caixa difiere de esta consideración, salvo para el caso de las libretas KDUK, donde sí admite el ingreso de las retenciones. Tema aparte son las libretas 2.000. La entidad se acoge a una resolución de la Dirección General de Seguros de enero del pasado año donde determina que las KDUK son productos financieros, pero salva a las libretas 2.000, a las que sí considera ajustadas a la normativa del seguro, aunque prohíbe algunas de las modalidades de uso de esta libreta para el futuro.

El proceso puesto en marcha por la inspección de Hacienda es, pues, abiertamente contrario a la resolución dictada en su día por la Dirección General de Seguros. Este es el motivo por el cual, hasta que el acta se haga totalmente definitiva, los altos cargos del ministerio de Economía pueden rebajar esta propuesta de resolución inicial.

No cabe duda de que, en caso de prosperar la iniciativa tal y como está ahora, la entidad financiera se acogería a esta contradicción entre dos centros del propio Ministerio de Economía y Hacienda (la inspección de Hacienda y la Dirección General de Seguros) para salvar su caso ante los tribunales.

Un proceso abierto

Toda esta investigación sobre el fraude de las primas únicas ha sido llevada a cabo por una élite de inspectores de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) ya que, en el caso de La Caixa se trata de una entidad de gran tamaño que tiene presencia en varios puntos de la geografía españoIa.El procedimiento es igual al que se sigue en la persecución de cualquier fraude fiscal, aunque en este caso, el tiempo empleado ha sido mucho mayor por las dificultades para analizar los productos, las presiones, el secretismo y las contradicciones que han rodeado el proceso.

Una vez recogidos todos los datos por parte de los inspectores, se comunica al afectado el levantamiento del acta y se le reclaman las cantidades que se adeudan. El afectado puede firmar las actas en conformidad o en disconformidad, según esté o no dispuesto a pagar. A partir de ese momento, los inspectores tienen siete días para presentar un informe complementario.

La entidad afectada tiene, por su parte, otros quince días de plazo para presentar sus alegaciones. Éste es el momento en que ese encuentra el procedimiento ooritra la Caixa, ya que las actas se abrieron el pasado 31 de enero. El inspector jefe de la ONI reooge todos estos argumentos y decide, en el plazo de un mes, si confirma o no la propuesta de los inspectores, total o parcialmente.

En base a ello, elabora una liquidación definitiva y se la exige a la entidad para que ingrese en el fisco estas cantidades o recurra. Si el afectado sigue en desacuerdo y decide recurrir, el primer paso es el Tribunal Económico Administrativo de Hacienda cuya resolución puede volver a ser recurrida por cualquiera de las partes ante la Audiencia Nacional.

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