Gaddafi, ante la ONU
EL CONSEJO de Seguridad de la ONU ha aprobado por unanimidad una resolución exigiendo al coronel Gaddafi que entregue a la justicia de Escocia a los dos agentes de sus servicios de espionaje que las policías británica y norteamericana consideran culpables del atentado contra el avión de la Pan Am que cayó en Lockerbie (Escocia) en 1988, causando la muerte de 280 pasajeros. Es la primera vez en su historia que el Consejo de Seguridad toma posición en un tema de esta índole, lo
que refleja, sin duda, una voluntad de aplicar en la lucha contra el terrorismo métodos más enérgicos y operativos.El caso de Lockerbie es un ejemplo escalofriante del grado de salvajismo al que puede llegar el terrorismo: todos los pasajeros fueron sacrificados mediante el método cobarde de colocar una bomba en el depósito de maletas de un avión norteamericano. Las investigaciones llevadas a cabo por las policías del Reino Unido y de EE UU aportan datos concretos y comprobados de que fueron dos agentes libios, designados con sus nombres y apellidos, los que colocaron en el avión siniestrado la maleta con la bomba. Pero la unanimidad con la que se ha pronunciado el Consejo de Seguridad -con el voto a favor de un país árabe como Marruecos, que ha tenido con Libia lazos muy estrechos- puede demostrar dos cosas: bien que los resultados de las encuestas son de una claridad total, o que fuertes presiones políticas por parte de EE UU y el Reino Unido han permitido alcanzar ese resultado.
Como acaba de recordar el periódico británico The Guardian, en un principio se dijo que ciertos datos de la investigación apuntaban a la responsabilidad de agentes sinos. Más tarde, sin embargo, todo lo referente a Siria se esfumó y Libia fue presentada como único culpable. El interés político para EE UU de que ello sea así -después del apoyo que le dio Siria en la guerra del Golfo- es demasiado evidente para que ese giro no haya suscitado dudas en ciertos círculos, como lo han destacado varios periódicos norteamericanos y británicos. Por otra parte, el Consejo de Seguridad es un órgano político, y es obvio que en un caso como éste -en que se trata de la extradición de presuntos delincuentes- conviene que intervenga un órgano judicial internacional que ofrezca a todos el máximo de garantías.
En ese orden, la misma resolución del Consejo de Seguridad se refiere asimismo al caso de un avión francés que fue víctima de un atentado terrorista y que se estrelló en Níger en 1989. Pero la petición francesa, refrendada por el Consejo de Seguridad, se limita a exigir que los sospechosos libios sean interrogados por el juez de instrucción francés. Esta diferencia entre un caso y otro confirma que el Consejo actúa en función de criterios políticos. No puede sentar jurisprudencia. Todo lo cual favorece que en amplios sectores del mundo árabe, muy sensibilizados después de la guerra del Golfo, predomine la idea de que la ONU actúa de manera unilateral: aplica la energía sólo cuando los occidentales están interesados.
Por ello hace falta salvaguardar en este problema tan complejo dos intereses fundamentales: la condena sin paliativos del terrorismo, de los Gobiernos que lo apoyan y de los agentes que cometen actos criminales, y que ello se realice con una transparencia total, ante todas las partes, sin que intereses políticos interfieran en el proceso judicial. Sería, en concreto, intolerable que EE UU utilizase la resolución de la ONU para justificar un nuevo bombardeo como el que realizó en 1986 contra Libia. En cuanto a la aplicación de sanciones económicas -para castigar a Gaddafi si se niega a entregar a sus dos agentes-, tal medida debería ser precedida de una confirmación, por un órgano internacional no político, de que las acusaciones de las policías del Reino Unido y EE UU son irrebatibles.
