El secretario de Alfonso Guerra se negó a ampliar declaraciones sobre el uso del despacho andaluz
Rafael Delgado, secretario del ex vicepresidente del Gobierno, y el actual delegado del Ejecutivo en Andalucía, Alfonso Garrido, se remitieron ayer constantemente a lo que declararon inicialmente en Sevilla, incluso cuando les fueron planteadas preguntas nuevas, durante su comparecencia como inculpados ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este tribunal instruye las diligencias por la ocupación anómala por parte de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, de un despacho de la delegación del Gobierno en Sevilla.
El abogado de Rafael Delgado, Horacio Oliva, calificó de "inconstitucional" el auto del martes de la Sala de lo Civil para no archivar la causa, al considerar que dilata el proceso.Rafael Delgado, quien, como Alfonso Garrido, se negó a hacer cualquier tipo de comentario, se remitió frente a cualquier pregunta a lo que declaró ante el juez Ángel Márquez en Sevilla, incluso cuando fue advertido de que determinadas cuestiones no le fueron planteadas entonces. Alfonso Garrido adoptó una actitud similar y dijo que todas sus manifestaciones ya las hizo ante el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, o mediante oficios enviados desde la delegación del Gobierno. Para los abogados de la acusación, que representan a Izquierda Unida (IU) y el Partido Andalucista (PA), ambos confirmaron ante el magistrado José Cano Barrero declaraciones anteriores que han supuesto su comparecencia como inculpados, por lo que estiman que, aunque ninguno de los cuatro cargos públicos del PSOE agregue datos nuevos a lo que ya depusieron, el instructor no archivará las actuaciones. El hecho de que José Cano Barrero los haya citado como inculpados, es un dato indicativo de que el magistrado ha apreciado en sus primeras declaraciones. algún indicio delictivo.
"Inconstitucionalidad"
El abogado Horacio Oliva, defensor de Rafael Delgado, dijo que el auto de la Sala de lo Civil y Penal que se amparaba en la Constitución para que los cargos públicos declararan como imputados supone "una aplicación paternalista" de la Carta Magna e incluso una "inconstitucionalidad". Oliva dijo que la comparecencia es, según deduce él del auto judicial, un aspecto meramente formal ya que la conducta de sus clientes no es constitutiva de delito, por lo que una vez que concluyan las declaraciones -hoy declararán los ex delegados del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín y Tomás Azorin, y mañana Juan Guerra- volverá a exigir el archivo de las actuaciones.
Es previsible, por tanto, que hoy tanto Leocadio Marín como Tomás Azorín no agreguen nada a sus declaraciones anteriores con idea de que el instructor decida si archiva o no las diligencias basándose sólo en lo ya actuado.
Oliva reiteró que la sala, al obligar a los cargos socialistas a acudir ante el instructor, está "dilatando indebidamente" el proceso, que deberá archivarse una vez que los citados se personen ante el juez. El defensor de Garrido, Alfonso Martínez del Hoyo, añadió que el auto "ha cercenado nuestro derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". Martínez del Hoyo admitió que el auto no entraba a analizar si existían hechos delictivos en la conducta de los cuatro cargos. "Estamos en el mismo sitio que antes", dijo.
Rafael Delgado declaró en su día ante el juez Márquez que él ordenó al delegado del Gobierno la creación del despacho que ocupó Juan Guerra. Por su parte, Alfonso Garrido dijo al fiscal Alfredo Flores que Juan Guerra había trabajado en la delegación por cuenta del PSOE en un período que coincide con el tiempo en que se cometieron las supuestas irregularidades. Según los acusadores, el hecho de que ambos confirmaran ayer estos extremos deja en pie las acusaciones de prevaricación que les imputan a los delegados del Gobierno y al secretario de Alfonso Guerra.
Fernández del Pozo dijo que, según una diligencia practicada en Granada solicitada infructuosamente en Sevilla, se sabe que en el decreto regulador de las competencias de altos cargos no aparece ninguna referencia a que los secretarios personales de los vicepresidentes del Gobierno tengan potestad para ordenar la apertura de un despacho en una delegación del Ejecutivo, como hizo Rafael Delgado. "Crear ese despacho constituye, un delito de prevariación, igual que su mantenimiento por los sucesivos delegados del Gobierno
El abogado del Estado, que no se había personado hasta ahora en las diligencias, ha remitido al instructor un documento coincidiendo con la petición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se archivaran las actuaciones, en el que afirma que el Estado "no se siente perjudicado por el uso del despacho por parte de Juan Guerra".
El abogado del Estado, Fernández del Pozo, dijo: "Siempre que planteamos alguna responsabilidad a un alto cargo encontramos una gran barrera por parte del fiscal, de la Administración y del abogado del Estado. En cambio, cuando Juan Guerra es el único responsable hay vía libre".
Por otro lado, Juan José Ruiz Rico, instructor de caso Juan Guerra relativo a la empresa Comasa, declaró ayer a Efe: "He comenzado ya a ordenar el curso de las primeras citaciones relativas al caso, después de estudiar al sumario".
