Crisis institucional
LA DIMISIÓN del Gobierno de Andreotti no es una simple crisis de Gobierno: representa la última manifestación de una crisis profunda que afecta a toda la estructura institucional, y en cierto modo a la sociedad italiana en su conjunto. Existe entre los ciudadanos malestar, descónfianza hacia el sistema político, una sensación generalizada de que los partidos sólo se preocupan de intereses mezquinos y son incapaces de abordar los problemas reales. El reparto entre los partidos-lottizzaziones- de los cargos adminitivos acentúa el deterioro de los servicios públicos. Mientras tanto, la Mafia campa por sus respetos y los esfuerzos por maniatarla fracasan uno tras otro ante la decisión de la Corte de Apelación de poner en libertad a sus jefes. La corrupción se convierte en fenómeno diario.En este clima, dos factores han provocado la dimisión de Andreotti. Primero, la campaña que el presidente de la República, Francesco Cossiga, ha lanzado en los últimos meses contra los partidos y la prensa, manifestando incluso que no aceptaría una remodelación del Gobierno, que "prefería" una crisis de verdad. Segundo, la posición del Partido Socialista, que ha condicionado su permanencia en el Gobierno a un acuerdo entre los cinco partidos de la coalición gubernamental para realizar, en el año de legislatura que queda, una reforma constitucional enfocada a convertir Italia en una república presidencialista.
Desde hace tiempo, el líder socialista Craxi ha manifestado su preferencia por el presidencialismo como el mejor método para sacar a la política italiana de intrigas paralizantes, dotar de continuidad a la labor de gobierno y permitir un enfoque más responsable y a más largo plazo de los problemas fundamentales. Tal solución suscita fuerte oposición en la Democracia Cristiana y entre los ex comunistas (hoy demócratas de izquierda), partidarios de reformar el sistema electoral para dar más estabilidad a las mayorías parlamentarias, pero manteniendo el lugar central que el sistema atribuye al Parlamento. En todo caso, la fórmula presidencialista cuenta, según los sondeos, con una simpatía creciente entre los ciudadanos italianos. Y lo que a todas luces conviene a Italia es que el problema de su futuro institucional sea sometido al veredicto popular mediante un debate sereno.No es lo que está ocurriendo en la actualidad. Craxi ha aprovechado el momento pasional por el que atraviesa Cossiga -en el que se enfrenta a su pro-
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plo parti - para provocar la crisis de Gobierno. De otro lado, resulta muy preocupante que las excentricidades de Cossiga sean apoyadas por los neofiaseistas y otros sectores antidemocráticos.
Parece poco probable que la crisis se resuelva con un nuevo Gobierno de Andreotti. El objetivo de Craxi -y, de Cossiga- es provocar elecciones anticipadas. El líder socialista sabe que tales elecciones colocarían en una situación muy difícil al Partido Democrático de Izquierda, que, recién salido de su antiguo molde comunista, no tendría tiempo de diseñar su nueva identidad. Y que además sufriría en su izquierda pérdidas de votos en beneficio del partido comunista duro de Cossutta, que ha rechazado la reconversión y se presentará a los electores con los símbolos y las consignas tradicionales. Por primera vez se perfila como probable un nuevo equilibrio de la izquierda italiana, con el PSI en igualdad con el PDI, o quizá por delante.
Deseadas por Craxi, las elecciones anticipadas no interesan a gran parte de la Democracia Cristiana, bastante dividida en estos momentos, con un balance nada brillante del Gobierno de Andreotti, y, por tanto, poco inclinada a acelerar la hora de comparecer ante los electores. En todo caso, según el uso italiano, estamos ante un periodo complejo, de consultas e intentos de formar Gobierno, antes de que se decida, o no, la convocatoria a las urnas.
