El Congreso insta al Gobierno a que incentive los contratos indefinidos
El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una moción presentada por Izquierda Unida mediante la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de dos meses, promulgue una norma que incentive los contratos indefinidos. También pide que, en la negociación de la Propuesta sindical prioritaria, se modifiquen las actuales modalidades de contratación temporal, de forma que quede limitada a las actividades laborales eventuales.
La moción de IU contó con el apoyo favorable de la totalidad de los 242 votos emitidos por los diputados asistentes a la sesión celebrada en la noche del martes, tras la inclusión de unas enmiendas propuestas por el CDS Y el PSOE.La propuesta, presentada por los diputados de Izquierda Unida Nicolás Sartorius y Ricardo Peralta, insta al Gobierno a que incluya entre sus objetivos de política económica el fomento de la estabilidad en el empleo y a que promulgue en dos meses una norma que incentive la contratación indefinida, así como la conversión en fija de la temporal. De este manera los grupos parlamentarios reclaman al Ejecutivo que ponga en marcha una medida prometida hace casi dos años por el entonces ministro de Trabajo, Manuel Chaves.
Asimismo, el Congreso de los Diputados pide que se proceda a una reordenación inmediata de las actuales modalidades de contratación temporal, de forma que atienda a las relaciones laborales justificadas por la naturaleza eventual de la actividad, y que se limiten los incentivos y las ayudas.
Prácticas y formación
Otros puntos de la moción pretenden conseguir que se adopten las medidas pertinentes para que los contratos para la formación y en prácticas sirvan en la realidad para esa finalidad; que se garantice la plena igualdad de derechos de los trabajadores temporales con los fijos, salvo en lo directamente vinculado a la duración de la relación laboral; y, que un objetivo prioritario de la Inspección de Trabajo sea vigilar el estricto cumplimiento de la normativa, sancionando adecuadamente el fraude en la contratación.
Entre los argumentos dados por IU se cita que la creciente evolución de la contratación temporal en España, que supone más del 90% de los contratos concertados en los últimos años y que alcanza a más del 30% de la población asalariada, conlleva una serie de efectos claramente nocivos que, ante su generalización, exigen una urgente intervención.
El grupo parlamentario cree que ese objetivo no puede alcanzarse sólo con la modificación de la normativa laboral, dado que las estadísticas acreditan que las leyes vigentes han actuado como un claro elemento impulsor de la precarización existente.
La enmienda del CDS introduce algunos cambios y entre ellos el enfatizar que se establezca como objetivo prioritario de la política económica del Gobierno "el mandato constitucional de promover el pleno empleo y fomentar su estabilidad y agilidad".
El PSOE a su vez retocó la enmienda del CDS y, aunque comparte la necesidad de que se simplifique y refunda la normativa sobre modalidades de contratación, quiso precisar que esa reforma debe tener el objetivo de favorecer la estabilidad en el empleo, sin perjudicar la capacidad de creación de empleo y la necesaria flexibilidad de la economía.
